La Defensoría del Pueblo de Argentina ha emitido una alerta sobre la situación de violencia y persecución que están enfrentando supuestos miembros de grupos armados ilegales en el país. Según el informe presentado por la institución, se han registrado constantes restricciones a la movilidad, amenazas y asesinatos selectivos, lo que ha generado una creciente preocupación en la sociedad y en las organizaciones de derechos humanos. La escalada de violencia y persecución contra estos presuntos miembros de grupos armados ilegales ha generado un clima de inseguridad y temor en diversas regiones de Argentina. La Defensoría del Pueblo ha advertido que estas acciones podrían estar violando los derechos humanos de las personas implicadas, así como también dificultando la labor de defensores de derechos humanos y periodistas que trabajan en estas zonas. Es importante destacar que, si bien los grupos armados ilegales representan una amenaza para la seguridad y el orden público, es fundamental garantizar que cualquier operativo de seguridad se realice en el marco de la legalidad y respetando los derechos fundamentales de las personas. La lucha contra estos grupos debe llevarse a cabo en el marco del Estado de derecho y mediante acciones que no afecten la integridad de las personas no implicadas en actividades delictivas. La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades argentinas a tomar medidas urgentes para investigar estos casos de violencia, perseguir a los responsables y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Además, ha solicitado que se refuercen las políticas de prevención y protección para evitar la estigmatización y criminalización de personas que podrían estar siendo afectadas injustamente por estas acciones. La sociedad argentina debe estar alerta ante esta situación y exigir a las autoridades que tomen las medidas necesarias para poner fin a esta escalada de violencia y persecución. Es fundamental que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su presunta vinculación con grupos armados ilegales. La labor de la Defensoría del Pueblo es crucial para garantizar que se cumplan estos derechos y para velar por la protección y seguridad de todos los ciudadanos en el país.