El 22 de mayo de 2025, el gobierno argentino presentó el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", un paquete de medidas destinado a liberar la economía de los controles excesivos y a fomentar la formalización. Este anuncio, realizado por el vocero presidencial y el titular de ARCA (Administración de Recursos y Control de Activos), entre otros funcionarios, significó un cambio radical en la gestión de los movimientos financieros, principalmente en relación con la tenencia de dólares no declarados. El plan se centra en la eliminación de una "exagerada burocracia" que, según el gobierno, ha fomentado la informalidad. Se derogaron varios regímenes informativos que obligaban a reportar diversas operaciones financieras, incluyendo: * Compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales. * Operaciones notariales ("Citi de los escribanos"). * Compraventa de vehículos usados. * Pagos de expensas (por encima de un umbral). * Publicaciones de venta de inmuebles (COTI). * Consumos de servicios públicos (electricidad, agua, gas y telefonía). Además, se modificaron los umbrales de reporte para diversas transacciones, elevando significativamente los montos mínimos para que las operaciones sean informadas a ARCA. Ahora, los consumos hasta $10 millones y los movimientos financieros hasta $50 millones (personas físicas) y $30 millones (jurídicas) quedan exentos de reporte. Esto implica un aumento considerable en los umbrales anteriores, que estaban en valores significativamente menores. Otra medida clave es la prohibición a los bancos de solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. Los ciudadanos podrán negarse a presentar dicha declaración y recurrir a Defensa del Consumidor en caso de conflicto. Esto se enmarca dentro de un nuevo enfoque en la fiscalización, que prioriza la lucha contra la informalidad sofisticada y a los grandes contribuyentes, dejando de lado, parcialmente, el control sobre los individuos. Paralelamente, se anunció un nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, centrado en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial. Este cambio busca reducir la carga administrativa para los contribuyentes y facilitar el acceso al crédito. El presidente del Banco Central también presentó un marco normativo para el desarrollo de finanzas abiertas, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios financieros y el acceso a la información financiera de manera segura y digital. La reacción internacional, particularmente del FMI, fue de seguimiento cuidadoso, enfatizando la importancia de que estas medidas sean coherentes con las normas internacionales de lucha contra el lavado de dinero. A pesar de esto, el gobierno argentino defendió las medidas como una forma de liberar la economía y de recuperar la confianza de los ahorristas, muchos de los cuales han mantenido sus ahorros en dólares fuera del sistema financiero formal. Este cambio drástico en la política financiera representa un punto de inflexión en la gestión económica argentina. Los efectos a largo plazo de estas medidas aún son inciertos, pero podrían tener un impacto significativo en la formalización de la economía, la circulación de capital y la confianza de los inversores.