La lucha contra la piratería audiovisual en España ha escalado un nuevo peldaño. DigitalES, la Asociación Española para la Digitalización, ha pedido públicamente la colaboración de "todos los intermediarios" de internet para bloquear el acceso a páginas web y recursos que albergan contenidos audiovisuales pirateados. Esta petición se basa en una sentencia judicial dictada el pasado 18 de diciembre de 2024 por el Juzgado de Barcelona, que autoriza a LaLiga y a TAD/Movistar Plus+ a proporcionar a los operadores de telecomunicaciones españolas las direcciones IP asociadas a estos recursos piratas para su posterior bloqueo. La decisión de DigitalES no ha estado exenta de polémica. Mientras que la patronal destaca que la mayoría de los principales operadores están colaborando en el cumplimiento de la resolución judicial, denuncia la existencia de algunos servicios que se resisten a aplicar el mandato judicial. Uno de los casos más destacados es el de Cloudflare Inc., que intentó anular la sentencia, petición que ha sido desestimada por el Juzgado. El auto judicial, contra el cual no cabe recurso, argumenta la falta de legitimación anulatoria, prueba de perjuicio o vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por parte de Cloudflare. Las implicaciones de esta iniciativa son trascendentales para el ecosistema digital español. DigitalES argumenta que el incumplimiento de estas medidas judiciales es preocupante y podría contribuir a la proliferación de contenidos ilegales. La patronal subraya la necesidad de una colaboración integral de todos los actores implicados, incluyendo a los proveedores de servicios de internet (ISP), las empresas de seguridad informática y otras plataformas que puedan facilitar el acceso a contenido pirata. Sin embargo, la iniciativa también suscita debates sobre la libertad de expresión y la neutralidad de la red. Algunos argumentan que el bloqueo masivo de direcciones IP podría restringir el acceso a información legítima y afectar la privacidad de los usuarios. Se plantea la necesidad de un equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y los derechos fundamentales de los usuarios de internet. La aplicación de la sentencia y la colaboración de los intermediarios plantean desafíos técnicos y legales significativos, incluyendo la identificación precisa de las direcciones IP involucradas en la piratería y la prevención del bloqueo accidental de contenido legítimo. En este contexto, la actuación de DigitalES se presenta como un intento de establecer un marco de colaboración público-privada para combatir la piratería. La efectividad de esta estrategia dependerá de la colaboración total de los intermediarios de internet y del desarrollo de mecanismos técnicos eficaces para bloquear el acceso a contenido ilegal sin afectar la libertad de expresión y la neutralidad de la red. La situación requerirá una continua observación para evaluar su impacto en el sector audiovisual, la industria tecnológica y los derechos de los usuarios en España.