El paro de transportistas en Lima Norte, Perú, convocado el 7 de abril de 2025, tras el asesinato de un nuevo conductor, no solo paralizó parcialmente la ciudad, sino que también puso en evidencia la insensibilidad del Congreso Peruano. Según reportes de Exitosa Noticias e Infobae Perú, un grupo de transportistas que se dirigió al Congreso para buscar soluciones a la creciente ola de criminalidad que los afecta, tuvo que esperar a que los congresistas finalizaran su refrigerio antes de ser atendidos. La indignación se apoderó de los manifestantes, quienes llevaban horas de protesta y muchos ni siquiera habían desayunado. Un representante del gremio expresó su frustración irónicamente, afirmando que debían tener paciencia mientras los congresistas «comían despacio». La espera, estimada en 20 a 30 minutos, se convirtió en un símbolo de la brecha entre la clase política y los trabajadores que luchan por su seguridad. El encuentro pactado buscaba un diálogo con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y una participación en la Comisión de Transporte. La reunión, finalmente llevada a cabo tras la espera, no evitó la creciente preocupación de los transportistas. En lo que va del año, 15 conductores han sido asesinados por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. La situación no solo afecta a los transportistas de Lima Norte que iniciaron la protesta. Martín Valeriano, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), declaró a Infobae Perú que, aunque su gremio no se unió a este paro en particular debido a un acuerdo previo con el Ministerio del Interior, planean una protesta general en Lima y Callao en los próximos días. Valeriano explicó que se les otorgó un plazo para evaluar los cambios en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, ante la persistencia de los asesinatos, el plazo se acortará y se convocará a un paro nacional. El dirigente gremial expresó su solidaridad con la protesta del 7 de abril y espera que los participantes se unan a la medida de fuerza general que está por venir. El paro del 7 de abril provocó un colapso parcial del servicio del Metropolitano, afectando a miles de usuarios. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) activó un plan de contingencia, pero la situación evidenció la vulnerabilidad del sistema de transporte público ante este tipo de protestas. Este incidente ha generado un debate nacional sobre la falta de atención a las demandas de los transportistas, la ineficiencia en la lucha contra la criminalidad y la desconexión entre la clase política y los problemas que enfrenta la población.