La tensión política en Argentina se intensificó con las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien criticó duramente su salario, calificándolo como irrisorio en comparación con el de otros funcionarios del gobierno de Javier Milei. En una serie de publicaciones en Instagram, Villarruel respondió a las preguntas de usuarios que la cuestionaron por su postura ante el congelamiento de las dietas de los senadores, medida que ella misma impulsó pero que ha generado polémica debido a su lentitud en la implementación. Sin mencionar explícitamente al presidente Milei, la vicepresidenta manifestó su descontento por la brecha salarial existente. Según Villarruel, su sueldo, congelado desde hace un año, es significativamente menor al de funcionarios como ministros, diputados, senadores, jueces, diplomáticos y, sorprendentemente, incluso voceros presidenciales. Esta última afirmación, apuntando hacia el vocero presidencial Manuel Adorni, cercano a la hermana y asesora del presidente, Karina Milei, agrega una nueva capa de conflicto interno. Villarruel recalcó que su salario, con los descuentos correspondientes, ronda los 2,9 millones de pesos mensuales, una cifra que considera insuficiente para afrontar los gastos de su cargo. La declaración de Villarruel contrasta con la retórica de austeridad del gobierno de Milei, quien ha criticado duramente a los legisladores por los aumentos de sus dietas. La vicepresidenta también dirigió críticas hacia el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionando un aumento del 70% en las dietas de los diputados, afirmando que esta acción contradice el discurso oficial de austeridad. Villarruel no sólo se quejó de su salario, sino también de la falta de apoyo estatal para gastos adicionales, como vivienda. El descargo de Villarruel también incluyó una férrea defensa del Poder Legislativo, postura diametralmente opuesta a las declaraciones del presidente Milei, quien ha criticado reiteradamente al Congreso y a sus miembros. La vicepresidenta argumentó que el cierre del Congreso sería un acto dictatorial, recalcando la importancia del Poder Legislativo para la democracia, incluso con sus defectos. Este episodio ha generado un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre Villarruel y el presidente Milei, exacerbando las divisiones internas dentro del gobierno y dejando expuesta la contradicción entre el discurso oficial y la realidad salarial de algunos de sus funcionarios. La controversia también revive el debate sobre la remuneración de los cargos públicos y la transparencia en la gestión del Estado.