La propuesta del Gobierno para modernizar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha generado un fuerte rechazo por parte de exdirectores, consejeros y expertos del sector agropecuario. Diversas cartas y declaraciones públicas alertan sobre un posible “desguace” del organismo, que podría tener consecuencias negativas para el desarrollo del sector y la soberanía alimentaria del país. El plan gubernamental, según las críticas recibidas, propone una reestructuración que incluye la revisión de convenios internacionales, como los programas Procisur y Fontagro, así como modificaciones en los sistemas de información, tecnología y procesos. La principal preocupación se centra en la potencial venta de campos experimentales, cruciales para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito agropecuario. Estos campos son utilizados para ensayos, trabajos de investigación y producción, constituyendo un pilar fundamental para la innovación y el avance del sector. Desde los Consejos Regionales del INTA en diferentes puntos del país, se ha expresado un profundo desacuerdo con la propuesta. El Consejo Regional Patagonia Norte, por ejemplo, destaca la larga trayectoria del INTA en el desarrollo económico y regional, aportando al crecimiento de las cadenas frutícolas, hortícolas y ganaderas. Señalan que el plan gubernamental podría desarticular el organismo y perjudicar los avances obtenidos a lo largo de décadas de trabajo conjunto entre el sector público y privado. La preocupación se extiende a la posible reducción de personal y recursos humanos. Se menciona una disminución superior al 20% en el número de empleados en la última década, y el temor de que el plan gubernamental profundice esta situación, afectando la capacidad del INTA para brindar servicios y asistencia técnica a los productores. Uno de los puntos más críticos es la intención de transformar el INTA en una “Agencia de Ciencia y Divulgación” con mayor participación del sector privado, orientada principalmente a la agenda agroexportadora. Este cambio, según los detractores, podría dejar de lado a los pequeños y medianos productores, a las PYMEs del ámbito agroalimentario y forestal, y a programas sociales de alto impacto como Pro-Huerta. La carta firmada por 29 exdirectores del INTA a lo largo del país refuerza estas preocupaciones, subrayando la importancia de que el INTA se mantenga como una política de Estado, por encima de intereses sectoriales. Los exdirectores remarcan la invaluable contribución del INTA en áreas como la genética y el mejoramiento vegetal y animal, la custodia del germoplasma nacional, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la salud animal y vegetal, y la calidad de las cadenas agrobioindustriales. También destacan la importancia del programa Cambio Rural y Pro-Huerta, ambos desactivados en 2024, que han brindado apoyo a miles de productores y mejorado la alimentación de numerosos argentinos. La opinión de Carlos Milicevic, exintegrante del INTA y exrepresentante de Coninagro, refuerza el malestar general. Milicevic expresa su preocupación por la falta de propuestas concretas de mejora institucional y por la prevalencia de medidas de achicamiento y venta de activos. Si bien reconoce la necesidad de modernización, considera que las propuestas del Gobierno no van en esa dirección y recuerda las experiencias negativas de privatizaciones y desfinanciamientos del pasado. En conclusión, el plan del Gobierno para el INTA enfrenta una fuerte oposición. La preocupación no solo se centra en la posible pérdida de recursos y capacidades, sino también en el riesgo de afectar la soberanía alimentaria del país y perjudicar a los productores, especialmente a los pequeños y medianos, que son los que más dependen del apoyo y la asistencia técnica que brinda el INTA.