El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha presentado un ambicioso proyecto de ley llamado 'Hojarasca' con el objetivo de eliminar 70 leyes que se consideran obsoletas, inútiles o que restringen las libertades individuales. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca simplificar el marco legal del país y promover la seguridad jurídica.

El proyecto de ley Hojarasca ha generado debate en Argentina, con defensores que argumentan la necesidad de desburocratizar y simplificar el sistema legal, y detractores que expresan preocupación por la eliminación de leyes que podrían ser relevantes o necesarias.

Entre las leyes que se buscarán eliminar se encuentran:

• Leyes que limitan la libertad individual: Leyes que restringen la libertad de reunión, la libre circulación o que imponen penas por expresar opiniones críticas al gobierno.
• Leyes obsoletas: Normas que fueron superadas por el avance de la tecnología, la modernización de otras leyes o que ya no tienen sentido práctico.
• Leyes que generan trámites innecesarios: Regulaciones que complican la actividad económica o imponen obligaciones a empresas sin un beneficio claro.
• Leyes que crean organismos financiados con fondos públicos: Normas que establecen la creación de entidades que podrían autofinanciarse.

El gobierno argumenta que la eliminación de estas leyes promoverá la seguridad jurídica, la desburocratización y la libertad individual. Además, señalan que la ley Hojarasca busca eliminar costos innecesarios para los contribuyentes y facilitar el desarrollo económico del país.

Sin embargo, los detractores de la ley Hojarasca argumentan que la eliminación de leyes, aunque parezcan obsoletas, podría tener consecuencias negativas no previstas. Además, algunos críticos consideran que la iniciativa podría ser una herramienta para desmantelar derechos sociales o ambientales.

El proyecto de ley Hojarasca se encuentra en la actualidad en manos del Congreso, donde se debatirá su viabilidad y se analizarán sus posibles consecuencias. La iniciativa representa un intento por reformar el sistema legal argentino, pero el debate sobre su impacto en la sociedad y en la economía del país continúa abierto.