Evo Morales marcha contra Luis Arce y reclama su habilitación en las elecciones bolivianas

La candidatura de la izquierda boliviana en las próximas elecciones ha entrado en una etapa crítica, en la que los adherentes del expresidente comienzan a movilizarse contra el Gobierno de Arce, y éste advierte que usará la ley en su contra. El expresidente Morales y un grupo de dirigentes “evistas”, entre ellos el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, iniciaron una marcha por la carretera que durará varios días hasta llegar a La Paz, la sede del poder político boliviano. Los motivos que alegan son muchos, pero lo que está en juego es el poder. Morales presiona para desmoronar la vallas legales que le impiden inscribirse en las próximas elecciones.

“No vamos a permitir que nos roben el MAS, que es el pueblo, el futuro de Bolivia”, dijo Morales el 15 de septiembre, en el inicio de la marcha. “No vamos a permitir que se imponga una dictadura. Esta marcha es para defender la democracia y la soberanía del pueblo”, agregó.

Así desafió Arce a su antiguo jefe político en un mensaje televisivo emitido el 15 de septiembre desde la Casa Grande del Pueblo, la oficina del presidente. “Evo, ya te equivocaste una vez, queriendo imponer tu candidatura, y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo”, señaló en referencia al derrocamiento de Morales en noviembre de 2019. “No te vuelvas a equivocar. Bolivia necesita de nuevos liderazgos, necesitas darte cuenta de que el rol tuyo y mío es impulsar esos liderazgos”, pidió.

Morales respondió, a través de la red social X, que su “Marcha para salvar Bolivia” “no es para favorecer a una persona, como falsamente dice Luis Arce, es la respuesta de un pueblo cansado de un gobierno inconsciente, que ha mantenido un silencio absoluto frente a la crisis, la corrupción y la destrucción de la estabilidad que alcanzamos”.

La marcha de Morales y sus seguidores recorrerá a pie 189 kilómetros sobre la carretera que conecta el pueblo de Caracollo, en el sur del altiplano, hasta la Plaza Murillo de La Paz, donde está la Casa Grande del Pueblo. Durará alrededor de una semana. Existe la posibilidad de que sea hostigada e incluso detenida por los campesinos “arcistas” de los alrededores. Concluida la marcha, el 30 de septiembre, está programado un “bloqueo general de caminos”. “No van a matar al MAS [Movimiento al Socialismo], menos a mi candidatura”, aseveró Morales resumiendo los objetivos de su movimiento.

Hace tres años, el expresidente dirigió una marcha similar, pero, irónicamente, en defensa del Gobierno de Arce, que entonces chocaba contra la dirigencia de Santa Cruz, la región más opositora al MAS. En ese momento, la ruptura entre ambos líderes era solo una posibilidad que se barajaba a partir del análisis de la personalidad del expresidente.

Al mismo tiempo, Arce no ha descartado ser candidato, aunque las encuestas lo muestran muy debilitado por la crisis económica del país.

Un grupo de campesinos del altiplano, la zona en la que se encuentra la capital administrativa de Bolivia, ha adelantado el bloqueo de una carretera, la que comunica La Paz con la ciudad de Copacabana y la frontera con Perú. Piden la renuncia de Arce y el adelantamiento de las elecciones de agosto de 2025. Este sector se considera “independiente de los dos lados”, pero es identificado por las autoridades como “evista”.

Algunos campesinos involucrados en este corte de ruta, que son conocidos como “ponchos rojos” y viven en torno a esa carretera, postearon un video en el que se los ve con armas de la guerra que libraron Bolivia y Paraguay en el Chaco entre 1932 y 1935. No es la primera vez que muestran sus fusiles Mauser en momentos de conflicto social. La respuesta del Ministerio de Gobierno (Seguridad) ha sido rigurosa: ha pedido que se los investigue por “terrorismo y alzamiento armado”. El oficialismo piensa que está en curso una conspiración para acortar su mandato.

La falta de dólares y combustibles que sufre el país ha acorralado a Arce, pero la petición central es política: “Rechazamos cualquier intento de referéndum ilegítimo, inconstitucional y amañado, para cambiar parcialmente la Constitución con el objetivo claro y abierto de cargar sobre las espaldas del pueblo la crisis económica y de eliminar la candidatura del hermano Evo Morales”, señala el documento. Las autoridades respondieron estos pedidos con una larga carta en la que polemizan con los argumentos de los marchistas, sin ofrecerles nada.

Arce anunció que realizaría un referéndum para preguntarle al pueblo boliviano sobre las subvenciones a los combustibles y sobre si quiere darle a Morales la oportunidad de una reelección más o mantener su inhabilitación actual, supuestamente determinada por la Constitución. Los “evistas”, por su parte, califican esta pregunta como “amañada” porque, en su criterio, la Constitución no prohíbe la reelección discontinua. Además, denuncian los intentos del oficialismo de usar el Tribunal Constitucional Plurinacional para legitimar la pretensión “arcista” de quedarse con el nombre del partido que fundó Morales a fines de los años noventa. En este momento existen varios procesos en torno a una sigla que nunca ha sido derrotada electoralmente desde 2005.

Arce se presentó en la televisión rodeado de dirigentes campesinos del altiplano. “Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía, eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura que quieres imponerla a las buenas o a las malas, incluso haciendo correr la sangre del pueblo”, dijo.

La división de los “movimientos sociales” que componen el MAS es profunda. Del lado del presidente se encuentran las direcciones legales. Morales tiene a su favor su mayor popularidad personal en el electorado rural y en los sectores más pobres de las ciudades. Según las últimas encuestas, es el político con más intención de voto, aunque también con más rechazo de parte de la población.

La oposición de centroderecha ha criticado que la pelea entre los dos jefes de la izquierda ponga en riesgo la estabilidad del país en un momento de empeoramiento continuo de la economía.