El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, ha declarado que el gobierno está preparando un plan de defensa para hacer frente a las investigaciones de la CIDH. Una vez que el Estado sea notificado oficialmente, se presentará ante este organismo internacional para exponer los argumentos y pruebas que respaldan su posición. Para ello, Otárola se ha reunido con el ministro de Justicia y el procurador general del Estado con el fin de discutir estrategias y asegurar una defensa sólida. El anuncio se produce luego de que la CIDH iniciara una investigación preliminar sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el país. Esta investigación surge en el contexto de los recientes acontecimientos en los que se han reportado casos de violencia policial y abusos durante las protestas sociales. El plan de defensa buscará demostrar que el Estado está comprometido con la protección de los derechos humanos y que las acciones cuestionadas son casos aislados y no representan una política sistemática. Además, se presentarán pruebas que respalden las acciones tomadas por las autoridades para investigar y sancionar a los responsables de los presuntos abusos. El jefe del Gabinete ha señalado que el objetivo principal es salvaguardar la reputación del Estado y garantizar que se realice una investigación justa y imparcial. Otárola ha afirmado que se colaborará plenamente con la CIDH y se proporcionará toda la información necesaria para que puedan tomar una decisión informada. Se espera que una vez que el Estado sea notificado oficialmente por la CIDH, se inicie el proceso formal de defensa. Por el momento, se continúa trabajando en la recopilación de pruebas y en la preparación de la estrategia legal que se presentará ante el organismo internacional. La noticia ha generado expectativas en la sociedad, ya que este proceso ante la CIDH es considerado como una oportunidad para esclarecer los hechos y buscar la verdad en relación con las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Se espera que este proceso contribuya a fortalecer las instituciones y promueva la protección de los derechos fundamentales en el país.