En una clara muestra de respaldo y preocupación por la situación que afecta a los miembros del poder judicial en el departamento vallecaucano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Fernando Castillo, ha exigido a las autoridades pertinentes que agilicen las investigaciones por las amenazas recibidas por jueces y fiscales en la zona. En los últimos meses, se ha observado un aumento en los casos de intimidación y amenazas dirigidas a jueces y fiscales en el departamento vallecaucano, lo cual ha generado gran preocupación en la comunidad judicial. Estos actos atentan contra la independencia y la imparcialidad del poder judicial, pilares fundamentales de un Estado de derecho. El presidente de la Corte Suprema ha destacado la importancia de garantizar la seguridad de los miembros del poder judicial y de llevar a cabo investigaciones rigurosas para identificar a los responsables de estas intimidaciones. Asimismo, ha subrayado que es fundamental que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir futuros actos de violencia y hostigamiento hacia los jueces y fiscales. La comunidad judicial ha mostrado su solidaridad con los afectados y ha hecho un llamado a las autoridades para que brinden protección y seguridad a aquellos que desempeñan un papel clave en el sistema de justicia. La independencia judicial es un pilar fundamental para la democracia y el Estado de derecho, por lo que es necesario que se garantice su pleno ejercicio sin temor a represalias. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, a través de su presidente, ha dejado claro que no tolerará ninguna amenaza ni acto de intimidación contra los miembros del poder judicial. Exige a las autoridades competentes que se investiguen a fondo estas situaciones y que se tomen las medidas necesarias para asegurar la seguridad y la independencia de los jueces y fiscales en el departamento vallecaucano. La comunidad judicial espera que estas demandas sean atendidas de manera pronta y efectiva, para que se pueda restablecer la confianza y garantizar un entorno seguro en el ejercicio de la justicia. La integridad y la autonomía del poder judicial son fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado de derecho y para la protección de los derechos de los ciudadanos.