En los últimos meses, los distritos capitalinos de Chorrillos y Cercado de Lima, así como la región Áncash, han sido testigos de un preocupante aumento en los casos de crueldad animal. Estos actos de brutalidad han generado indignación entre los defensores de los derechos de los animales, quienes exigen a las autoridades una respuesta rápida y contundente. La crueldad animal es una realidad que desafortunadamente persiste en nuestra sociedad. A pesar de existir leyes que protegen a los animales, como la Ley de Protección y Bienestar Animal, aún hay personas que cometen actos de violencia y maltrato hacia ellos. En los últimos meses, se ha evidenciado una escalada en los casos de crueldad en Chorrillos, Cercado de Lima y Áncash. Se han reportado casos en los que animales han sido envenenados, golpeados o abandonados a su suerte. Otros han sido víctimas de prácticas ilegales como peleas de perros o tráfico de animales. Ante esta situación, los animalistas y organizaciones de protección animal han alzado su voz, exigiendo a las autoridades una acción inmediata. Han realizado manifestaciones y campañas de concientización para sensibilizar a la población sobre la importancia del respeto y la protección hacia los animales. Además, solicitan que se aplique la ley de manera estricta y se impongan penas de cárcel a los responsables de estos actos de crueldad. Consideran que estas acciones deben ser castigadas severamente para enviar un mensaje claro de rechazo hacia cualquier forma de maltrato animal. Es fundamental que las autoridades tomen cartas en el asunto y se comprometan a combatir la crueldad animal de manera efectiva. Esto implica realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables, fortalecer la educación en valores de respeto hacia los animales y garantizar la aplicación de la ley de manera equitativa y justa. En conclusión, es alarmante el aumento de casos de crueldad animal en Chorrillos, Cercado de Lima y Áncash. Los animalistas seguirán luchando por los derechos de los animales y exigiendo justicia para aquellos que han sido víctimas de estos actos despreciables. Las autoridades tienen el deber de actuar con celeridad y aplicar penas de cárcel a los responsables, para enviar un mensaje contundente de rechazo hacia cualquier forma de maltrato animal.