En una audiencia indagatoria que se llevó a cabo ayer, dos agentes de la Policía pertenecientes al Comando Radioeléctrico de Bernardo de Irigoyen fueron acusados de torturar a un joven de 23 años durante una detención que tuvo lugar en la primera semana de agosto. Según la denuncia presentada por la víctima, los policías lo golpearon y sometieron a torturas físicas y psicológicas mientras se encontraba bajo su custodia. El joven aseguró que fue agredido de manera brutal sin motivo aparente, sufriendo golpes, amenazas y humillaciones durante el tiempo que estuvo detenido. La detención se produjo el pasado mes de agosto cuando el joven fue abordado por los efectivos mientras transitaba por el centro de la ciudad. Según su testimonio, los agentes lo detuvieron sin motivo alguno y sin presentar una orden de arresto. A partir de ese momento, comenzaron los maltratos y las vejaciones hacia el joven. Durante la audiencia, el abogado de la defensa argumentó que se están realizando todas las investigaciones pertinentes y que se garantizará un proceso justo para esclarecer los hechos. Por su parte, el abogado de la víctima pidió una pena ejemplar para los responsables y la implementación de medidas de prevención para evitar hechos similares en el futuro. El caso ha generado un gran impacto en la comunidad de Bernardo de Irigoyen, y se espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de los agentes involucrados. La denuncia de torturas por parte de las fuerzas de seguridad es una situación alarmante que debe ser abordada con seriedad y contundencia, garantizando la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Es fundamental que se tomen medidas concretas para prevenir este tipo de abusos y que se establezcan mecanismos de control y supervisión efectivos para garantizar la integridad de las personas detenidas. La confianza en la Policía es fundamental para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos de todos los habitantes de nuestra ciudad. Como sociedad, debemos rechazar todo tipo de violencia policial y exigir justicia en estos casos. La lucha contra la impunidad y el abuso de poder debe ser una prioridad en nuestra agenda, y trabajar en conjunto para construir una sociedad más justa y respetuosa de los derechos de todos.