El proyecto de tirar al mar más de un millón de toneladas del líquido radioactivo de Fukushima, depurado, ha generado una fuerte oposición entre la población japonesa, los pescadores y las organizaciones ecologistas. Además, ha provocado las críticas de China, quien ha decidido suspender sus importaciones de productos marítimos procedentes de Japón. Tras el devastador terremoto y posterior tsunami que ocurrió en Japón en marzo de 2011, la planta nuclear de Fukushima Daiichi sufrió una serie de fallos y fugas, lo que condujo a la liberación de grandes cantidades de material radiactivo en el entorno. Desde entonces, se ha trabajado en la limpieza y descontaminación de la zona, pero aún queda una gran cantidad de agua altamente radiactiva almacenada en la planta. Ante esta situación, el gobierno japonés ha propuesto verter al océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua, previamente tratada y depurada, con el objetivo de liberar espacio en los tanques de almacenamiento. Sin embargo, esta decisión ha generado una fuerte oposición por parte de la población, los pescadores y las organizaciones ecologistas, quienes argumentan que esto puede poner en peligro la vida marina y la salud de las personas. Además, China ha expresado su descontento con esta propuesta y ha suspendido temporalmente la importación de productos marítimos procedentes de Japón, argumentando preocupaciones sobre la seguridad y la protección del medio ambiente. Esta medida ha tenido un impacto económico significativo en el país nipón. Ante la polémica suscitada, el gobierno japonés ha afirmado que el agua a verter cumplirá con los estándares internacionales de seguridad y que tomará todas las precauciones necesarias para minimizar los riesgos. No obstante, esta respuesta no ha logrado calmar las preocupaciones de la población y las críticas continúan. En conclusión, el proyecto de tirar al mar el líquido radioactivo de Fukushima depurado ha generado una fuerte oposición tanto en Japón como a nivel internacional. La preocupación por los efectos que esto pueda tener en la vida marina y en la salud de las personas ha llevado a críticas y protestas por parte de la población, los pescadores y las organizaciones ecologistas. Además, la suspensión de las importaciones de productos marítimos por parte de China muestra el alcance de esta controversia. Ahora, queda en manos del gobierno japonés tomar medidas responsables y transparentes para abordar esta problemática y restablecer la confianza de la población y de la comunidad internacional.