Investigan a dos policías por acusaciones de apremios a un joven en Bernardo de Irigoyen

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Dos efectivos del Comando Radioeléctrico de la UR-XII serán indagados por el juez Ariel Belda Palomar tras ser acusados de apremios y privación ilegítima de la libertad contra un joven de 23 años en Bernardo de Irigoyen.

En un caso que ha desatado la controversia en la localidad de Bernardo de Irigoyen, dos efectivos del Comando Radioeléctrico de la UR-XII se encuentran siendo investigados por el juez Ariel Belda Palomar debido a las acusaciones de apremios y privación ilegítima de la libertad contra un joven de 23 años. Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando los dos agentes procedieron a la detención del joven en circunstancias no especificadas. Sin embargo, algunos testigos afirman que durante el arresto se habrían producido acciones violentas y abusivas por parte de los efectivos. La denuncia fue presentada por la familia del joven, quienes aseguran que este fue llevado a la comisaría donde habría sido sometido a golpes y maltratos durante su detención. Además, se alega que se le habría privado de manera ilegítima de su libertad por un período prolongado sin justificación alguna. Ante estas graves acusaciones, el juez Ariel Belda Palomar ha decidido iniciar una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. En este sentido, se realizarán las indagatorias correspondientes a los dos policías implicados, quienes deberán comparecer ante el juez para brindar su testimonio y aportar pruebas en su defensa. El caso ha generado una gran indignación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre el accionar policial y los derechos humanos en el país. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su repudio ante estas prácticas y han exigido que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables en caso de comprobarse su culpabilidad. Es importante recordar que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las fuerzas de seguridad, y que cualquier acto de abuso o violencia debe ser condenado y sancionado de manera ejemplar. La investigación en curso buscará determinar la verdad de lo sucedido y asegurar la justicia para la víctima.
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