El ex ministro de Seguridad porteño se amparó en la Constitución Nacional debido a investigaciones en curso y evitó responder sobre si conoce al titular de la Vocalía del juez Rosatti. El oficialismo busca probar que la Corte Suprema y la Ciudad de Buenos Aires "negociaron" el fallo de la coparticipación.
El ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quien estuvo a cargo durante los últimos años, se ha amparado en la Constitución Nacional para evitar responder preguntas incómodas durante una entrevista reciente. Según sus argumentos, hay investigaciones en curso que lo obligan a mantener cierto grado de reserva.
Además, el ex funcionario evitó responder sobre si conoce al titular de la Vocalía del juez Rosatti, lo cual ha generado aún más especulaciones y dudas sobre posibles vínculos y acuerdos tras bambalinas.
El oficialismo, por su parte, busca probar que hubo una negociación entre la Corte Suprema y la Ciudad de Buenos Aires en relación al fallo de la coparticipación. Se han presentado evidencias y testimonios que respaldan esta teoría, pero aún no se ha logrado obtener pruebas contundentes.
El caso de la coparticipación ha generado un sinfín de controversias y disputas políticas en Argentina. La redistribución de los fondos provenientes de impuestos entre la Nación y las provincias es un tema de gran importancia y sensibilidad, que afecta directamente a la economía y el bienestar de los ciudadanos.
La lucha por la justa distribución de los recursos y la transparencia en dichos acuerdos se ha convertido en una bandera para algunos sectores políticos. Sin embargo, a medida que se profundiza la investigación y se revelan más detalles, los protagonistas del caso se escudan en argucias legales y eluden las respuestas directas.
El ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se ha sumado a esta estrategia de evasión, amparándose en la Constitución Nacional y en investigaciones en curso. Esta actitud solo refuerza la percepción de que hay algo oscuro y turbio detrás del fallo de la coparticipación.
Mientras tanto, la sociedad espera respuestas concretas y acciones concretas que garanticen la transparencia y la equidad en este tema tan relevante para el bienestar del país. La verdad y la justicia no pueden ser negociadas ni eludidas.