La iniciativa de reforma en los contratos de alquiler ha generado un intenso debate desde que fue aprobada en Diputados. Esta propuesta busca modificar la norma aprobada en 2019, la cual establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años. La modificación propuesta ha generado reacciones encontradas en distintos sectores de la sociedad. Por un lado, los defensores de la iniciativa argumentan que una reducción en la duración de los contratos beneficiaría a los inquilinos, brindándoles mayor flexibilidad y facilitando su movilidad. Además, sostienen que esta medida ayudaría a combatir la especulación inmobiliaria y favorecería la accesibilidad a la vivienda. Por otro lado, los críticos de la reforma argumentan que una reducción en la duración de los contratos podría generar inseguridad jurídica tanto para los inquilinos como para los propietarios. Además, plantean que la medida podría tener un impacto negativo en el mercado de alquileres, dificultando la oferta de inmuebles y aumentando los costos para los inquilinos. Es importante destacar que esta propuesta de reforma aún se encuentra en debate y es necesario analizar a fondo sus implicancias antes de tomar una postura definitiva. El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental, por lo que es fundamental encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los inquilinos como a los propietarios.