En Afganistán, la persecución a antiguos militares, policías y agentes de inteligencia se ha convertido en una preocupación constante. Según el registro de un organismo local, se han reportado casos en las 34 provincias del país, especialmente en Kabul, Kandahar y Balkh. Estos grupos, que en su momento sirvieron al gobierno y al ejército, ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Muchos de ellos han sido objeto de persecución, amenazas y violencia por parte de los talibanes y otros grupos insurgentes. El organismo encargado de documentar estos casos ha expresado su preocupación por la falta de protección y apoyo a estas personas. Aunque se han implementado algunos programas de reubicación y asistencia, la mayoría de los afectados siguen sin recibir el apoyo necesario para reconstruir sus vidas y garantizar su seguridad. La situación política en Afganistán ha cambiado drásticamente en los últimos años, y muchos de estos antiguos miembros de las fuerzas de seguridad quedaron desprotegidos. Además de los talibanes, se han reportado casos de persecución por parte de otros grupos armados y de actores políticos implicados en conflictos locales. Ante esta realidad, es urgente que las autoridades afganas y la comunidad internacional tomen medidas para garantizar la protección de estos grupos. Es necesario establecer programas de reubicación, brindar asistencia económica y psicológica, y asegurar que se les brinde la oportunidad de reconstruir sus vidas en un entorno seguro y libre de persecución. Además, es fundamental realizar investigaciones transparentes y responsabilizar a los responsables de los ataques y violaciones de derechos humanos. Solo a través de un enfoque integral se podrá abordar esta problemática y evitar que más personas sean víctimas de persecución en Afganistán. En conclusión, la persecución a antiguos militares, policías y agentes de inteligencia en Afganistán es una realidad preocupante. Es indispensable que se tomen medidas urgentes para proteger a estos grupos y garantizarles una vida digna y segura. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de colaborar en este esfuerzo y de presionar a las autoridades afganas para que actúen en consecuencia.