La procuradora de la Nación ha hecho una afirmación importante que establece con claridad quién tiene la última palabra cuando se trata de declarar la suspensión o inhabilidad de funcionarios públicos que ocupan cargos de elección popular: la Corte Constitucional. Esta declaración pone fin a las dudas o ambigüedades que podrían surgir sobre el alcance del Ministerio Público en estas situaciones. La procuradora argumentó que debido a que tanto la suspensión como la inhabilidad de funcionarios elegidos por voto popular son cuestiones de índole constitucional, corresponde a la Corte Constitucional asumir la responsabilidad de tomar la decisión final. Esto se debe a que la Corte es el órgano encargado de interpretar y aplicar la Constitución, y su autoridad en este sentido es inapelable. Esta postura de la procuradora es relevante en el contexto actual, donde la ética y la transparencia en la función pública son temas de gran importancia para la ciudadanía. Asegurar que las decisiones relacionadas con la suspensión o inhabilidad de funcionarios electos sean tomadas por un organismo independiente y con el poder suficiente para hacer cumplir la ley es fundamental para mantener la confianza de la población en el sistema político. Sin embargo, es importante destacar que esta afirmación de la procuradora no implica que el Ministerio Público no tenga ningún papel en estos casos. Según explicó, el Ministerio Público tiene la facultad de investigar y presentar las pruebas pertinentes ante la Corte Constitucional, lo cual es fundamental para que esta última pueda tomar una decisión informada y justa. En resumen, la procuradora ha dejado claro que en los casos de suspensión o inhabilidad de funcionarios electos, la última palabra la tiene la Corte Constitucional. Esto garantiza un proceso transparente y garantista, en el cual se respeten los derechos de los implicados y se tomen decisiones basadas en la interpretación de la Constitución. El rol del Ministerio Público como órgano investigador y acusador no se ve afectado, ya que su labor es fundamental para presentar las pruebas necesarias ante la Corte. La confianza de la ciudadanía en el sistema político se verá fortalecida al saber que existe un control independiente y objetivo en situaciones tan delicadas como estas.