Las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo de 2025 en Venezuela quedaron marcadas por una histórica abstención, que según datos de la oposición superó el 85%. Calles desiertas, centros de votación vacíos y un silencio ensordecedor fueron la respuesta de la población a la convocatoria electoral del régimen de Nicolás Maduro. Este hecho, lejos de ser una simple falta de interés, se interpretó como un contundente rechazo popular al gobierno y a un proceso electoral ampliamente cuestionado por la falta de transparencia y garantías democráticas. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, había llamado al boicot de las elecciones, denunciando su carácter fraudulento y su objetivo de perpetuación en el poder por parte de Maduro. Machado, en declaraciones posteriores a la jornada electoral, afirmó que más del 85% de los venezolanos desobedecieron al régimen, participando activamente en esta demostración de rechazo cívico a través de la abstención. Estas cifras fueron corroboradas por diferentes firmas de análisis político, quienes registraron niveles de participación inferiores al 15%, contrastando con los datos oficiales del CNE, aún no publicados, que se espera que manipulen las cifras reales. La baja participación electoral de este 25 de mayo supera ampliamente la registrada en 2005, durante el gobierno de Hugo Chávez, y también la del 28 de julio de 2024, en las que, a pesar de la manipulación electoral, hubo una participación considerable de la población. El contraste entre ambos eventos resalta la creciente desilusión y desconfianza en el sistema electoral venezolano, como consecuencia de la sistemática violación de las normas democráticas. La ausencia de observadores internacionales independientes, la eliminación del código QR en las actas electorales —medida que impedía la verificación de los resultados— y las constantes amenazas e intimidaciones a la población, reafirmaron el carácter fraudulento de los comicios. El régimen, consciente de su baja popularidad, ha optado por un esquema represivo para mantenerse en el poder, deteniendo a activistas, opositores y periodistas. El anuncio del dictador Maduro de reformar el sistema electoral, tras el fiasco electoral, se interpreta como una nueva estrategia para consolidar su control, evidenciando la falta de legitimidad de su gobierno. La estrategia de la abstención, planteada por la oposición, se ha convertido en un gesto político de gran envergadura. En un contexto de represión y falta de garantías democráticas, negarse a participar en las elecciones se ha transformado en una forma de resistencia cívica, un claro mensaje de rechazo a un gobierno que ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. La comunidad internacional debe mantener la presión sobre el régimen de Maduro y no convalidar unos comicios carentes de legitimidad, donde la voluntad del pueblo se ha expresado a través del silencio y la abstención masiva.