El programa Progresar, pilar fundamental para el acceso a la educación superior de miles de jóvenes argentinos, ha sufrido un devastador recorte bajo el gobierno de Javier Milei. En apenas 15 meses, el presupuesto se ha reducido en un 90% en términos reales, lo que se traduce en la eliminación de 500.000 beneficiarios y una disminución del 44% en el poder adquisitivo de las becas restantes. Para 2025, se proyecta un recorte adicional del 18%, augurando un futuro aún más sombrío para los estudiantes que dependen de este programa. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha sido contundente en sus datos, mostrando la alarmante situación. Si bien el presupuesto 2025 prevé alcanzar 1,5 millones de beneficiarios, la realidad de 2024 muestra una cifra mucho menor: apenas un millón, a pesar de un monto asignado mayor en términos reales. Esta discrepancia resalta la ineficacia y la falta de compromiso del gobierno con la educación de los jóvenes. El poder adquisitivo de las becas se ha desplomado. El congelamiento del monto nominal durante gran parte de 2024, sumado a la alta inflación, ha reducido su valor a la mitad con respecto a 2023. Para equiparar el valor real de la beca de abril de 2015, los estudiantes deberían recibir $127.186 mensuales, en lugar de los $35 actuales. Esta situación convierte las becas en una ayuda insuficiente para cubrir gastos básicos como transporte y alimentación, obligando a muchos a abandonar sus estudios. El programa Progresar, implementado en 2014, buscaba garantizar una transferencia monetaria a jóvenes entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyos hogares no superaran un salario mínimo. Con tres líneas de becas (Obligatorio, Superior y Trabajo), el programa se ha convertido en una herramienta crucial para la inclusión educativa. Sin embargo, la actual administración ha demostrado una clara intención de desmantelar este sistema de apoyo, dejando a miles de jóvenes en una situación de vulnerabilidad. Este recorte no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia contra la educación pública. El gobierno de Milei ha paralizado transferencias a universidades nacionales, suspendido obras de infraestructura educativa y eliminado programas de apoyo, evidenciando una política de desfinanciamiento sin precedentes. La situación se agrava con el reciente decreto que ataca el derecho a huelga, declarando esencial la educación y limitando la capacidad de los docentes para luchar por sus derechos y los de sus estudiantes. El resultado es un ataque directo a la posibilidad de acceder a la educación superior para miles de jóvenes argentinos. La movilización estudiantil y docente es una respuesta crucial ante este ajuste brutal. La lucha por la defensa de la educación pública, las becas y el derecho a estudiar es fundamental. Es necesario un plan de lucha nacional que enfrente la política de ajuste del gobierno y sus cómplices, reclamando un aumento significativo en el monto de las becas, su indexación por IPC y la garantía del acceso a la educación superior para todos los jóvenes del país.