El Gobierno nacional implementó cambios significativos en la Ley de Asociaciones Sindicales mediante el Decreto 342/2025, publicado en el Boletín Oficial. Estas modificaciones, que afectan principalmente el régimen electoral de los sindicatos, buscan reducir la intervención estatal en la elección de sus autoridades internas. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción por parte de importantes figuras del movimiento sindical argentino. Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), calificó la decisión gubernamental como "desproporcionada y totalmente autoritaria". En una entrevista con El Destape Radio, Rodríguez criticó la falta de diálogo previo por parte del Ejecutivo: "El Ejecutivo tiene todo el derecho de querer tomar iniciativas, pero lo lógico es que si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención". Las modificaciones introducidas por el decreto restringen la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a casos de acefalía (falta de autoridades) sin resolución estatutaria. En tales situaciones, se podrá designar un funcionario con un mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, con posibilidad de prórroga si fuese necesario. Además, se actualizaron los procedimientos de convocatoria a elecciones, la confección de padrones, la presentación de listas de candidatos y la fiscalización del proceso electoral. Rodríguez también cuestionó la eliminación de la posibilidad de intervención estatal en casos de denuncias por irregularidades en el proceso electoral, señalando que "son medidas intentando coartar la libertad sindical, limitar el ejercicio pleno de las entidades sindicales". El líder sindical enfatizó la falta de diálogo y consenso por parte del gobierno, calificando su accionar como "autoritario". Además, criticó la contradicción entre la reducción de la intervención estatal en las elecciones y la intervención en las negociaciones salariales, argumentando que esto genera "un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios". La UPCN no está sola en sus críticas. Otros gremios y referentes sindicales han expresado su preocupación por estas modificaciones, argumentando que atentan contra la autonomía sindical y el derecho a la negociación colectiva. El debate sobre el impacto de estas reformas en la dinámica sindical y la relación entre el gobierno y los trabajadores promete continuar en las próximas semanas. El decreto también ha sido analizado por abogados laboralistas, quienes están evaluando sus implicaciones legales. Matías Cremonte, por ejemplo, ha cuestionado la constitucionalidad de las modificaciones que limitan el derecho a huelga. Las consecuencias a largo plazo de estas medidas y su impacto en la vida sindical argentina aún se desconocen, pero el descontento inicial es innegable.