El mundo financiero se estremeció con la acusación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra la empresaria argentina Silvina Moschini y su compañía Unicoin, con sede en Nueva York. La SEC alega un fraude masivo por un valor estimado de USD 100 millones, involucrando declaraciones falsas y engañosas en la oferta de certificados vinculados a los tokens Unicoin y acciones de la empresa. Moschini, una figura destacada en el mundo del emprendimiento tecnológico en Argentina y conocida por sus proyectos digitales, se desempeñó como expresidenta y actualmente es vicepresidenta y miembro del directorio de Unicoin. Junto a ella, también fueron acusados Alex Konanykhin, CEO y presidente del directorio, y Alex Domínguez, ex director de inversiones. La SEC sostiene que los ejecutivos engañaron a miles de inversores con promesas falsas sobre el respaldo de los tokens Unicoin con activos reales, principalmente bienes raíces y participaciones en compañías. Según la denuncia, el valor real de estos activos era significativamente menor al declarado, y muchas de las ventas fueron calificadas como ilusorias. La SEC destaca el uso de campañas promocionales agresivas, incluyendo publicidad en aeropuertos, taxis de Nueva York, televisión y redes sociales, para atraer a más de 5000 inversores. Entre las falsedades que la SEC atribuye a Unicoin y sus ejecutivos se encuentran: * La afirmación de que los tokens Unicoin estaban respaldados por miles de millones de dólares en activos, cuando su valor real era mucho menor. * La declaración de haber vendido más de USD 3000 millones en certificados de derechos, cuando la cifra real no superó los USD 110 millones. * La afirmación de que los certificados de derechos y los tokens estaban registrados ante la SEC, lo cual resultó ser falso. La demanda busca medidas cautelares permanentes, la restitución de ganancias ilícitas con intereses, sanciones civiles contra Unicoin, Moschini, Konanykhin y Domínguez, e incluso la inhabilitación de los ejecutivos para ejercer cargos directivos. Mientras tanto, el asesor general de Unicoin, Richard Devlin, aceptó una sentencia que incluye una multa civil y una medida cautelar permanente sin admitir ni negar las acusaciones. Moschini, por su parte, ha rechazado las acusaciones, argumentando que se trata de una persecución política orquestada por la administración de la SEC bajo la dirección de Gary Gensler. A través de un comunicado en LinkedIn, se dirigió a sus inversores, reafirmando su inocencia y prometiendo continuar la lucha legal. Este caso tiene implicaciones significativas para el mundo de las criptomonedas y el emprendimiento tecnológico. La magnitud del presunto fraude y la participación de una figura pública como Silvina Moschini han generado un debate sobre la regulación del mercado de criptomonedas y la importancia de la transparencia en las inversiones.