El juicio por la muerte de Diego Maradona, un proceso judicial ya de por sí cargado de emociones y expectativas, ha sufrido un nuevo y sorprendente giro. La Fiscalía, liderada por Patricio Ferrari, ha solicitado la suspensión del juicio durante 10 días, tiempo máximo permitido por el Código Procesal de PBA, tras un escándalo que involucra a la jueza Julieta Mackintach y la realización de un documental no autorizado. El detonante fue la denuncia por la presunta autorización de la jueza Mackintach para la filmación de un documental sobre el juicio sin el consentimiento previo de las partes involucradas. El abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas, fue el primero en solicitar la recusación de la magistrada, argumentando que este hecho viola el principio de imparcialidad y legalidad que debe regir el proceso judicial. Rivas presentó pruebas que muestran la presencia de camarógrafos en la primera jornada del juicio, a pesar de la prohibición explícita del tribunal de grabar las audiencias. Su solicitud no se centró en la revictimización de los familiares que ya declararon, sino en la preservación de la legalidad y la objetividad del juicio. El fiscal Ferrari, en una declaración contundente, respaldó la solicitud de suspensión. Utilizando la frase "¿Fingir demencia?", Ferrari expresó la gravedad institucional del asunto, argumentando que el presunto acceso no autorizado a la sala y la posible vinculación de la jueza con la producción del documental comprometen el prestigio del Poder Judicial. Las primeras pruebas recabadas en la investigación iniciada a partir de la denuncia de los abogados Burlando y Baudry, representantes de las hijas de Maradona, no son, según Ferrari, “alentadoras”. El pedido de suspensión fue apoyado por la mayoría de los abogados de las partes civiles, incluyendo a Fernando Burlando (representante de Dalma y Gianinna Maradona), Félix Linfante (abogado de Jana Maradona), y Mario Baudry (representante de Dieguito Fernando). También recibió el apoyo de algunos abogados defensores, como Vadim Mischachunk (defensora de Agustina Cosachov). Sin embargo, algunos defensores, como Martín Montalbo (defensor de Mariano Perroni), se opusieron, argumentando falta de acceso a las pruebas y la imposibilidad de emitir un juicio de valor sin estar completamente informados sobre el alcance de la investigación. El abogado Nicolás D’Albora, representante de Nancy Forlini, destacó la gravedad institucional del incidente pero recalcó su imposibilidad de emitir una opinión definitiva sin un conocimiento profundo del caso. Si bien no apoyó la recusación en ese momento, explicó que la separación de la jueza Mackintach invalidaría el juicio por completo, y recalcó la necesidad de transparencia y de que la Fiscalía facilite las pruebas para poder tomar una decisión informada. La jueza Mackintach, por su parte, mantuvo una actitud reservada durante la audiencia, escuchando los alegatos sin intervención. Su presunta conexión con la productora Pegsa, propiedad del hermano de la jueza y el exjugador Agustín Pichot, es un aspecto clave de la investigación en curso. La audiencia finalizó con un cuarto intermedio para que los jueces tomen una decisión sobre la recusación de la jueza y la suspensión del juicio. El futuro del proceso judicial pende ahora de un hilo, mientras se espera la resolución judicial y el esclarecimiento total de los hechos.