Confirman a la Jueza Arroyo Salgado en la Causa por Coimas de Securitas en Enersa: Un Análisis Completo
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (Presidente) y Javier Carbajo (vocal), confirmó la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Esto significa que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, continuará a cargo de la investigación del pago de coimas de la empresa Securitas a funcionarios de Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa).
La resolución judicial desestimó el recurso de queja presentado por la defensa de los empresarios Marcelo Segarra, Esteban Arcapalo y Segar Seguridad S.A., quienes intentaban cuestionar la jurisdicción y competencia de la jueza Arroyo Salgado. Con esta decisión, se allana el camino para que la investigación avance sin obstáculos procesales.
El Caso Securitas: Un Escándalo de Coimas a Nivel Nacional
En 2019, la empresa de seguridad privada Securitas, de origen sueco, realizó una autodenuncia luego de un cambio en su gestión ejecutiva en Argentina. La autodenuncia reveló el pago de millones de dólares en coimas a funcionarios de diversas dependencias nacionales y provinciales. Estos pagos irregulares buscaban asegurar la adjudicación de contratos de seguridad privada en organismos y edificios públicos en todo el país.
Entre las entidades involucradas, se encuentran Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y, centralmente en este caso, Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa).
Securitas admitió haber pagado coimas no solo para obtener contratos, sino también para cobrar servicios adeudados y agilizar trámites, como la obtención de licencias de armas para sus empleados y alertas sobre inspecciones.
El Capítulo Entrerriano: Procesamientos y Detenciones
En el marco de la investigación sobre Enersa, la jueza Arroyo Salgado ya dictó procesamientos en mayo de 2024 contra Claudio y Marcelo Tórtul, y los gerentes de Enersa Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis. Los Tórtul fueron procesados por asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública. Cis, ex gerente de Logística de Enersa, fue procesado por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Morales y Pimentel fueron procesados por violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
En abril de 2025, Jorge González, ex presidente de Enersa, fue detenido en su domicilio. En el allanamiento se incautaron 270.974 dólares, 12.000 euros y 697.000 pesos. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, considera que González participó activamente en la contratación de servicios de la empresa de los Tórtul.
Implicaciones y Perspectivas
La confirmación de la jueza Arroyo Salgado en la causa es un paso crucial para el esclarecimiento de los hechos. La investigación involucra a figuras relevantes del ámbito político y empresarial, lo que refuerza la importancia de asegurar el debido proceso y la transparencia en la investigación.
Las implicaciones de este caso trascienden el ámbito provincial, ya que abarca una red de corrupción que involucra a múltiples organismos nacionales. La investigación exhaustiva y la aplicación de la justicia son fundamentales para prevenir la repetición de este tipo de actos de corrupción.
Se espera que la investigación continúe su curso con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.
