El Gobierno Nacional ha anunciado la suspensión temporal de las auditorías a las pensiones por invalidez laboral en todo el país, marcando un giro significativo en la estrategia para revisar más de un millón de beneficios no contributivos. La Resolución N° 187/2025, que establecía el procedimiento inicial, ha sido derogada y reemplazada por la Resolución N° 1172/2025, abriendo paso a un nuevo proceso de evaluación.

La decisión, tomada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y publicada en el Boletín Oficial, responde a la identificación de inconsistencias en el método de evaluación previo. Según informes oficiales, los procedimientos de la Resolución N° 187/2025 no se ajustaban completamente a las normas internacionales en materia de discapacidad, generando preocupación por la equidad y la justicia en el acceso a estos beneficios.

La suspensión no implica el abandono de las auditorías. Por el contrario, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan. La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas trabaja actualmente en la elaboración de un nuevo esquema de auditoría, más preciso y acorde con los estándares internacionales. Este nuevo procedimiento buscará corregir las irregularidades detectadas sin generar un impacto negativo desproporcionado en los beneficiarios legítimos.

Las auditorías iniciales, impulsadas por denuncias de fraude, corrupción y un presunto desvío sistemático de fondos públicos dentro de la ANDIS, habían revelado cifras alarmantes. Se estimaba que aproximadamente el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para acceder a la pensión. Investigaciones conjuntas con el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia identificaron casos de personas privadas de libertad y prófugos que recibían el beneficio indebidamente. Estos hallazgos, junto con otros casos de documentación falsificada y diagnósticos médicos falsos, impulsaron la necesidad de una revisión profunda del sistema.

El nuevo procedimiento anunciado por el Gobierno busca mejorar la precisión de la evaluación médica, incorporando criterios y baremos que se alineen con las mejores prácticas internacionales. Se espera que este enfoque más riguroso, pero también más justo, permita identificar con mayor eficiencia los casos de fraude, protegiendo los recursos públicos y garantizando el acceso a las pensiones para quienes verdaderamente las necesitan. La ANDIS se encuentra actualmente trabajando en la definición de los detalles del nuevo procedimiento y su posterior implementación.

Además de la revisión de las metodologías de auditoría, el gobierno está comprometido con abordar las preocupaciones planteadas sobre el impacto en las familias y las organizaciones que brindan apoyo a personas con discapacidad. Se reconoce la vulnerabilidad de este sector de la población y la importancia de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, incluso mientras se lleva a cabo el proceso de revisión de las pensiones.