Tras la anulación de la Resolución N° 187/2025, que buscaba auditar más de un millón de pensiones por invalidez laboral en Argentina, el Gobierno nacional ha anunciado la implementación de un nuevo procedimiento. Esta decisión, lejos de detener las revisiones, busca mejorar la eficiencia y la equidad del proceso, respondiendo a las críticas recibidas sobre la metodología anterior. La Resolución N° 187/2025, anunciada en enero de 2025, pretendía abordar las irregularidades detectadas en el sistema de pensiones, incluyendo casos de fraude, personas sin discapacidad certificada, documentos falsificados y beneficiarios privados de libertad. Sin embargo, la implementación de esta resolución encontró obstáculos. Técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron inconsistencias en el baremo de evaluación médica, argumentando que no se alineaba con las normas internacionales sobre discapacidad. Esto llevó a la derogación de la resolución y a la promesa de un nuevo enfoque. El nuevo procedimiento, aún en desarrollo, buscará corregir las deficiencias identificadas. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) trabajará en una propuesta que actualice los criterios de evaluación, asegurando un proceso más justo y efectivo para la verificación de las pensiones. Se espera que el nuevo esquema de auditoría permita identificar y sancionar los casos de fraude, al tiempo que protege los derechos de los beneficiarios que legítimamente necesitan el apoyo del Estado. La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas está elaborando este nuevo esquema, con el objetivo de corregir las irregularidades sin generar un impacto negativo excesivo para los beneficiarios legítimos. Las auditorías previas habían arrojado resultados alarmantes. Una investigación conjunta de la ANDIS y el Servicio Penitenciario Federal identificó a 212 personas privadas de la libertad que recibían la pensión sin justificación. Además, una investigación con el Ministerio de Justicia detectó 331 prófugos que también recibían el beneficio, de los cuales 33 fueron puestos a disposición de las autoridades y 14 resultaron detenidos. Estos casos, junto con otros ejemplos de irregularidades en la asignación de pensiones, resaltan la necesidad de un proceso de auditoría más riguroso y transparente. El Gobierno ha reiterado su compromiso de gestionar eficientemente los recursos públicos y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. La suspensión temporal de las auditorías, por lo tanto, no representa una paralización del proceso, sino un cambio estratégico para lograr una revisión más exhaustiva y justa, en línea con los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia de discapacidad.