El Gobierno argentino ha anunciado un cambio significativo en su estrategia para auditar las pensiones por invalidez laboral en todo el país. Tras la anulación de la Resolución N° 187/2025, que pretendía auditar más de un millón de pensiones no contributivas, se establecerá un nuevo procedimiento con el objetivo de corregir las irregularidades detectadas, pero con un enfoque más justo y acorde a los estándares internacionales. La Resolución N° 187/2025, emitida en enero de 2025, generó controversia debido a su procedimiento de revisión, que incluía entrevistas y verificaciones médicas a un gran número de beneficiarios. La derogación, formalizada mediante la Resolución N° 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y publicada en el Boletín Oficial, no implica el fin de las auditorías, sino una reestructuración del proceso. Las autoridades reconocieron que el procedimiento anterior presentaba deficiencias. Técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron la inadecuación del baremo de evaluación médica, carente de una base sólida para garantizar la equidad entre los beneficiarios. Además, se detectó que ciertos criterios no se alineaban con las normativas internacionales en materia de discapacidad. El director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que la derogación permitirá un enfoque más detallado y alineado con los estándares internacionales para la evaluación de invalidez laboral, especialmente en cuanto a los baremos médicos. La ANDIS trabajará en una nueva propuesta que actualice los criterios y garantice un proceso más efectivo y justo. La necesidad de las auditorías se fundamenta en hallazgos de fraude significativos. Auditorías previas, realizadas por la ANDIS junto al Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia, revelaron casos de personas privadas de la libertad y prófugos que recibían indebidamente la pensión. También se detectaron casos de solicitudes aprobadas con inusual rapidez, diagnósticos médicos falsos y documentación incompleta, incluso con presuntas vinculaciones a organizaciones políticas. Ejemplos concretos incluyen un hombre que obtuvo su pensión tres días después de una solicitud con evaluación médica negativa y otro que la recibió en seis días a pesar de cumplir prisión domiciliaria. Otros casos muestran beneficiarios con diagnósticos contradictorios o sin ninguna incapacidad real. Estos casos resaltan la necesidad de un sistema de evaluación más riguroso y transparente. El nuevo procedimiento, actualmente en desarrollo por la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, buscará corregir las irregularidades sin afectar a los beneficiarios que realmente necesitan el apoyo estatal. El Gobierno reiteró su compromiso de gestionar eficientemente los recursos públicos y asegurar que los beneficios lleguen a quienes los necesitan.