El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se encuentra en el ojo del huracán tras la adjudicación de su tercera licitación más costosa del año: la provisión, almacenamiento y entrega de pañales para más de 5.300.000 afiliados. La polémica se centra en la participación de una sola empresa, Urbano Express, que se quedó con un contrato de $466.554 millones, y las acusaciones de “cartelización” por parte del Gobierno hacia otras compañías que decidieron no ofertar. La adjudicación a Urbano Express, empresa con una participación accionaria del 30% del Grupo Clarín, ha generado un fuerte debate público. Sus competidoras, Lenterdit, Italpañal e Hisan, denunciaron un proceso licitatorio exprés con cambios drásticos en los requisitos, imposibilitando la presentación de ofertas competitivas en el tiempo estipulado. Estas empresas argumentaron que solo se dispuso de menos de una semana para adaptar sus propuestas a las nuevas especificaciones, un plazo considerado insuficiente para la complejidad del proceso. El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, respondió a las acusaciones con una conferencia de prensa en la que defendió el nuevo sistema de entrega a domicilio de los pañales. Se argumentó que este sistema, que substituye el anterior basado en la entrega en farmacias, permitirá un mayor control del stock, evitará la reventa de productos y generará un ahorro de $5.000 millones anuales. Adorni incluso llegó a afirmar que el anterior sistema permitía que “algunos vivos” realizaran negocios fraudulentos con la reventa de pañales en plataformas online. El cambio en los requisitos de los pañales también ha sido justificado por el Gobierno. Se afirma que los nuevos pañales cumplen con las normativas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), son de mejor calidad y más anatómicos. Sin embargo, las empresas que no ofertaron sostienen que el cambio en las especificaciones fue deliberado para favorecer a Urbano Express. Las acusaciones de “cartelización” han elevado aún más la tensión. El Gobierno apunta a una supuesta concertación entre las empresas competidoras para evitar la participación en la licitación, perjudicando así la transparencia del proceso. La falta de pluralidad de ofertas permite especular sobre la existencia de un posible sobreprecio en la licitación adjudicada a Urbano Express. El caso se complica con los vínculos entre Urbano Express, el Grupo Clarín y la familia Román, reconocidos empresarios del rubro de la logística y el transporte. La opacidad del proceso licitatorio y la falta de información detallada por parte del Gobierno han generado desconfianza e intensificado las sospechas de corrupción y favoritismo. En conclusión, la licitación de pañales del PAMI se ha convertido en un caso paradigmático de las complejidades que enfrentan las compras públicas en Argentina. La falta de transparencia, las acusaciones de irregularidades y la respuesta oficial han generado un intenso debate público sobre la necesidad de mayor control en los procesos de licitación y la lucha contra la corrupción.