El accionar de la Patrulla Municipal de Mar del Plata contra los denominados 'trapitos' (vendedores ambulantes y cuidacoches) ha generado una fuerte controversia, exponiendo una grieta entre el gobierno municipal y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Dos escenas marcan este enfrentamiento: una en la sala de audiencias y otra en la plaza pública. Dentro de la sala de justicia, durante la audiencia por el hábeas corpus preventivo presentado por la CPM, el ambiente fue notablemente diferente al tono confrontativo exhibido por el intendente Guillermo Montenegro fuera del recinto. En la audiencia, el municipio respondió a las preguntas sobre el accionar de la patrulla, entregando documentación sobre la normativa, la formación de los agentes, y el registro de los procedimientos. Se mencionó la existencia de programas de asistencia social para personas en situación de calle, un aspecto notablemente ausente en el discurso público del intendente. Sin embargo, la escena exterior fue mucho más explosiva. Montenegro, quien asistió a la audiencia sin ser convocado, aprovechó la oportunidad para lanzar una frase que generó fuertes críticas: "Al que está fuera de la ley se lo trata por fuera de la ley." Esta declaración, considerada por muchos como una justificación de la violencia estatal, fue interpretada como una aceptación tácita de los excesos denunciados por la CPM. Las centrales obreras y referentes políticos expresaron su rechazo, comparando la frase con los discursos de las dictaduras del pasado. Incluso, aliados del intendente reconocieron que la frase fue un error en el marco de una rueda de prensa agitada. Más allá de la controversia por la frase, la estrategia de Montenegro de elevar el tono de la confrontación mediática con la CPM es evidente. El intendente acusó a sus adversarios políticos de enviar "grupos de personas" a la ciudad para generar caos, negando cualquier problemática social subyacente y atribuyendo la responsabilidad a fuerzas externas. Esta estrategia se ve reforzada por su constante confrontación con figuras políticas como Juan Grabois, al que acusó de "cuidar a los chorros", mientras que él, según Montenegro, se encarga de cuidar a Mar del Plata. La situación se complica aún más al vincular esta confrontación con el conflicto por el proyecto agroecológico en El Marquesado. Montenegro, al igual que con la problemática de los ‘trapitos’, posiciona a sus opositores - en este caso la Provincia de Buenos Aires – como fuerzas externas que buscan generar inestabilidad en la ciudad. La incertidumbre sobre el futuro del proyecto, con posibles intervenciones de la Nación para revertir la cesión de tierras a la Provincia, añade un componente político crucial a la disputa, que se intensifica con la proximidad de las elecciones. En resumen, la situación en Mar del Plata refleja un conflicto profundo. Por un lado, la CPM denuncia la violencia estatal y la violación de derechos humanos; por el otro, el intendente Montenegro justifica su accionar en términos de seguridad y orden público, apuntando a factores externos como responsables de la problemática. La frase desafortunada del intendente, las dos escenas contrastantes y el contexto electoral crean una compleja ecuación con consecuencias políticas aún por definir.