En una batalla legal que enfrenta a varios condados contra la administración federal, Santa Clara, San Francisco y otras siete jurisdicciones presentaron una demanda argumentando que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) actuó ilegalmente al imponer nuevas condiciones a las subvenciones destinadas a reducir el problema de las personas sin hogar. Estas condiciones, derivadas de órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, podrían poner en riesgo decenas de millones de dólares en fondos anuales que estos condados reciben a través del programa Continuum of Care del HUD. El programa Continuum of Care, establecido por la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de 1987, se centra en la vivienda de apoyo, la reubicación y los programas de vivienda transitoria. Santa Clara County recibe aproximadamente $34 millones anuales, mientras que San Francisco recibe alrededor de $50 millones. Sin embargo, las recientes revisiones en las condiciones de las subvenciones podrían anular estos fondos. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle, cita varias órdenes ejecutivas que se dirigen a las jurisdicciones que promueven la "diversidad, equidad e inclusión" (DEI). Una de estas órdenes, firmada por el presidente en enero, revocó varios programas federales relacionados con la diversidad y la acción afirmativa, y ordenó a las agencias federales que pusieran fin a todos los mandatos relacionados con la diversidad y la equidad. Esta orden afirma que las políticas de DEI "socavan nuestra unidad nacional, ya que niegan, desacreditan y socavan los valores tradicionales estadounidenses de trabajo duro, excelencia y logro individual a favor de un sistema de botín basado en la identidad ilegal, corrosivo y pernicioso." Otra orden ejecutiva, denominada "Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas", instruyó a las agencias federales a garantizar que los fondos federales a los estados y ciudades no "por diseño o efecto, faciliten la subvención o promoción de la inmigración ilegal, o ayuden a las llamadas políticas de 'santuario' que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación." La coalición de demandantes incluye tres condados del área metropolitana de Seattle (King, Pierce y Snohomish), así como San Francisco, Boston, Columbus y Nueva York. En su queja, solicitan al tribunal federal que declare estas condiciones "ilegales, nulas e inaplicables" y que ordene su imposición y ejecución. Argumentan que la imposición de estas condiciones afectará negativamente a los presupuestos comprometidos, obligará a reducciones de personal y socavará su capacidad para determinar cómo satisfacer las necesidades únicas de sus comunidades. Los condados afirman que en marzo y abril, el HUD respondió a las órdenes ejecutivas presentándoles acuerdos de subvención de Continuum of Care para fondos que ya habían sido otorgados. Estos nuevos acuerdos incluían lenguaje que especificaba que las subvenciones se rigen por "todas las Órdenes Ejecutivas actuales" y prohibían que las subvenciones se utilizaran de una manera que "facilite la subvención o promoción de la inmigración ilegal o ayude a las políticas que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación." Esta demanda se produce pocos días después de que el condado de Santa Clara presentara otra demanda contra la administración, desafiando sus esfuerzos para reducir significativamente la fuerza laboral federal. Los condados de Santa Clara y San Francisco también participaron en una demanda de febrero que rechazó una orden ejecutiva que busca castigar a las jurisdicciones "santuario". En todos los casos, los condados y sus socios argumentan que la Casa Blanca está desfinanciando ilegalmente programas y puestos que habían sido creados por el poder legislativo. El argumento central es que las condiciones de las subvenciones buscan "usurpar la prerrogativa del Congreso para legislar y su poder del dinero, así como el poder del poder judicial para decir lo que significa la ley". La legislación que autoriza el programa Continuum of Care no autoriza al HUD a adjuntar estas condiciones a los fondos federales. Los funcionarios locales califican las acciones de la administración federal como "crueles" y una interferencia política que perjudica los esfuerzos para combatir la falta de vivienda.