Un escándalo de corrupción sacude a la Policía de Rosario. Una investigación exhaustiva, llevada a cabo durante diez meses por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, culminó con la intervención de la Unidad Regional II por 90 días y la detención de 20 personas: 16 policías y 4 civiles. La causa se centra en una presunta malversación de fondos destinados a la compra de combustible para los patrulleros, con un monto estimado de 45 millones de pesos mensuales desviados de un total de 380 millones destinados al patrullaje.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, reveló una compleja red de sobrefacturación de combustible en connivencia con una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900. Según el fiscal José Luis Caterina, se detectó que en lugar de utilizar las tarjetas de combustible asignadas a cada chofer (denominadas “Visa Flota”), se concentraron las tarjetas en manos de un grupo reducido de personas, quienes las utilizaron para sobrefacturar las compras de combustible. En los allanamientos realizados se encontraron alrededor de 300 “Visa Flota” en poder de algunos de los detenidos.
El fiscal Caterina detalló que la investigación incluyó intervenciones telefónicas que evidenciaron la entrega de dinero en efectivo a los policías involucrados, directamente desde la estación de servicio. Incluso, se halló un posnet de la estación de servicio en el domicilio de uno de los detenidos. Se utilizaron medidas de inteligencia, como la instalación de GPS en algunos móviles policiales, para documentar la maniobra fraudulenta.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció la intervención de la Unidad Regional II, con el comisario Claudio Romano como interventor. También confirmó el desplazamiento del jefe de la UR II, Daniel Acosta, y su segundo, Mariano Govi, aunque aclaró que no fueron detenidos. Cococcioni enfatizó el compromiso del gobierno provincial con la transparencia y la lucha contra la corrupción, asegurando que no se permitirá que se lucre con la seguridad pública.
Los allanamientos se extendieron a diferentes dependencias policiales, incluyendo oficinas de Logística, Garage, Grupo Táctico Multipropósito (GTM), Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI), Administración y Finanzas, Policía Motorizada, Agrupación Cuerpos y Comando Radioeléctrico (CRE), todas dentro de la Unidad Regional II. También se realizaron allanamientos en domicilios particulares en diferentes zonas de Rosario y alrededores.
La magnitud del desvío de fondos, la participación de jerárquicos policiales y la implicancia de una red que involucraba a civiles, convierte este caso en uno de los mayores escándalos de corrupción policial en la historia reciente de Rosario. La investigación continúa, y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas imputaciones.
