El Ministerio de Economía argentino, bajo la gestión de Luis Caputo, ha impuesto un tope del 1% mensual a los aumentos salariales, generando una fuerte confrontación con los sindicatos del país. Esta medida ha puesto en la mira la reciente paritaria firmada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, que acordó un aumento del 5,4% para el trimestre abril-junio (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio). Este acuerdo, que incluye un nuevo salario básico de $1.123.000 con presentismo y sumas fijas de $115.000 en tres cuotas, ha sido considerado excesivo por el Gobierno, quien amenaza con no homologarlo. La decisión gubernamental se basa en la necesidad de controlar la inflación, que en marzo alcanzó el 3,7%. El ministro Caputo espera una disminución de la inflación en abril, y argumenta que para mantener esta tendencia a la baja, se requieren aumentos salariales por debajo del índice de costo de vida. La no homologación de acuerdos que superen el 1% mensual se presenta como una amenaza para los sindicatos, lo que podría generar una escalada de conflictos laborales. La paritaria de Comercio no es un caso aislado. Otros sindicatos, como SMATA (8,3% de aumento) y Sanidad (8,6%), también han superado la pauta oficial. Sin embargo, el acuerdo de Comercio reviste especial importancia debido a que afecta a 1.200.000 trabajadores y sirve como referencia para otros sectores. La postura de Cavalieri, un histórico dirigente dialoguista, es crucial en esta situación. Si el Gobierno no homologa el acuerdo, podría cambiar su actitud moderada, acercando a la CGT a un cuarto paro general. La situación se complica aún más por la expectativa de reapertura de paritarias en la mayoría de los sindicatos, ante la persistente inflación. La Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, ha reconocido que la mayoría de las paritarias firmadas para enero-marzo se mantuvieron alineadas con la pauta oficial, pero solo dos superaron la inflación trimestral. El Gobierno propone un cambio cultural en las negociaciones salariales, sugiriendo que se negocien salarios básicos más bajos, permitiendo aumentos más altos para empleados con mayor productividad. Sin embargo, con la inflación en 3,7% en marzo y sin garantías de una disminución sostenida, ningún sindicato parece dispuesto a aceptar este modelo. En resumen, la imposición del tope del 1% mensual para los aumentos salariales crea un escenario de alta tensión entre el Gobierno y los sindicatos. La paritaria de Comercio se ha convertido en un punto crítico de este conflicto, con la posibilidad real de un recrudecimiento de la conflictividad social si el Gobierno persiste en su postura.