La Sobrepoblación Carcelaria: Un Problema que Va Más Allá de los Traslados
La reciente solicitud del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para trasladar presos condenados por crímenes de la dictadura a Campo de Mayo, bajo el argumento de la falta de espacio en Ezeiza, expone una realidad preocupante: la crítica situación de sobrepoblación en las cárceles argentinas. Sin embargo, este traslado de apenas 19 personas es una solución cosmética que ignora las causas profundas del problema.
El hacinamiento en los penales no es solo una cuestión de números; impacta directamente en la salud, la alimentación, el acceso a la atención médica, y exacerba la violencia, incrementando el riesgo de torturas y malos tratos. La situación es especialmente grave en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la mayoría de la población penitenciaria se concentra, generando un rebalse que satura incluso las comisarías, transformándolas en cárceles improvisadas. En la Ciudad de Buenos Aires, actualmente hay 2.475 personas detenidas en alcaidías y comisarías, espacios transitorios que no cuentan con la infraestructura adecuada.
Este problema estructural se profundiza por tres factores principales:
- Uso desmedido de la prisión preventiva: El 44% de los detenidos en el SPF aún no han sido condenados. En CABA, esta práctica contribuye significativamente a la sobrepoblación en comisarías y alcaidías.
- Aumento de penas cortas: Las condenas a menos de tres años, generalmente por delitos menores, se triplicaron en los últimos doce años (un 263% de incremento).
- Detención como política de seguridad: El abuso de arrestos policiales, junto con la lentitud judicial, mantiene a muchas personas detenidas durante meses sin avance en su situación procesal. En CABA, el 23% de los detenidos se encuentra en esta situación.
La situación en la provincia de Buenos Aires no es mejor, con una sobrepoblación en cárceles, alcaidías y comisarías que alcanza el 95%. La ecuación es simple: entran más personas de las que salen, lo que evidencia la ineficacia de las medidas actuales.
La sobrepoblación carcelaria no se traduce solo en cifras, sino en condiciones de vida deplorables: celdas abarrotadas, falta de comida regular, restricciones al acceso a la atención médica, a la educación y al trabajo. Esta situación no solo es ineficiente, sino que vulnera sistemáticamente los derechos humanos.
Trasladar presos, construir más cárceles o habilitar más camas son medidas paliativas que no abordan el problema de raíz. La pregunta clave no es dónde meter a los presos, sino por qué se encarcela de manera indiscriminada, sin políticas que prioricen la proporcionalidad de las penas, las alternativas al encierro y el respeto a las garantías constitucionales.
Resolver la sobrepoblación carcelaria exige un cambio de paradigma. Se necesita una reforma integral del sistema penal que apunte a reducir el encarcelamiento masivo, a promover la reinserción social y a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La solución no está en más muros, sino en una política criminal más justa y efectiva.
*La autora es coordinadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del CELS*
