El gobierno argentino planea una drástica reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que podría tener consecuencias devastadoras para el sector agropecuario de Santa Fe. Se trata de un proyecto que propone la fusión del INTA con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una medida que ha generado alarma y protestas entre los trabajadores y representantes del sector.

Según denuncian los empleados del INTA, este plan gubernamental implica el cierre de alrededor de 40 agencias de extensión en Santa Fe, las cuales brindan apoyo técnico y asesoramiento directo a los productores agropecuarios de toda la provincia. Estas agencias son vitales para el desarrollo de la agricultura familiar y las pequeñas y medianas empresas, que dependen de la asistencia técnica y la transferencia de conocimiento que proporciona el INTA.

Miguel Gómez, secretario del sindicato de Apinta (Asociación de Profesionales del INTA) y trabajador de la seccional Oliveros, describe la situación como alarmante: "Nadie sabe lo que quieren hacer. Es como juntar un sanatorio con una fábrica metalúrgica", sentencia, destacando la incompatibilidad de las funciones y objetivos de ambos institutos. La fusión no solo pone en riesgo las agencias, sino que también implica un recorte de personal a nivel nacional, con la meta de reducir la plantilla de 6100 trabajadores a 4500 para fin de año.

Además del cierre de agencias, se teme la venta de una significativa parte de las tierras experimentales del INTA. Se estima que 71.000 de las 116.000 hectáreas podrían ser vendidas, representando una pérdida irreparable para la investigación y el desarrollo agropecuario. Esto impactaría directamente en la capacidad del INTA para generar nuevas tecnologías e innovaciones que beneficien al sector.

Las consecuencias de esta medida serían devastadoras para el sector agropecuario, especialmente para los pequeños productores, que perderían un apoyo fundamental. Gómez resalta que las agencias de extensión son cruciales para mantener la competitividad de estos productores frente a las grandes empresas agrícolas. Sin el acceso a la información, asistencia técnica y a la investigación del INTA, su situación se volvería aún más precaria.

Los gremios, como la Asociación de Profesionales del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), han organizado manifestaciones en todo el país para expresar su rechazo a este plan de ajuste. Ex directores y profesionales del INTA también han emitido cartas públicas advirtiendo sobre las graves consecuencias de estas políticas para el futuro del desarrollo agropecuario del país.

La fusión del INTA y el INTI, bajo la denominación provisional de Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE), se enmarca dentro de una política de ajuste del gobierno que busca reducir el tamaño del Estado. Esta iniciativa, junto con otras fusiones de instituciones públicas, está generando una gran preocupación en diferentes sectores, al cuestionarse la eficacia y conveniencia de esta estrategia de integración de organismos con funciones tan disímiles.

El futuro del INTA y el impacto en el sector agropecuario de Santa Fe y el resto del país dependen de la respuesta que la sociedad y las autoridades den ante esta situación crítica.