El caso de Harriet Steele, una abogada de inmigración ciudadana estadounidense nacida en Los Ángeles, ha puesto en evidencia fallas en el sistema de notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ha generado un debate sobre las posibles implicaciones políticas de tales errores. Steele recibió un correo electrónico el 10 de abril que le ordenaba abandonar Estados Unidos inmediatamente, con advertencias sobre sanciones legales si no cumplía. El mensaje, que contenía frases como "Es hora de que abandones los Estados Unidos" y "El DHS está cancelando su libertad condicional", la impactó profundamente. La confusión aumentó debido a la falta de información clara que identificara al destinatario, lo que llevó a Steele a cuestionar si el correo estaba dirigido a uno de sus clientes. Ella manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de mensajes podría tener en personas más vulnerables, sin el privilegio de su formación legal y ciudadanía estadounidense. El DHS admitió que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utiliza direcciones de correo electrónico proporcionadas por inmigrantes para enviar notificaciones, incluyendo, en algunos casos, correos electrónicos no personales pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. La agencia reconoció la posibilidad de que notificaciones se enviaran a destinatarios no deseados, pero no especificó la cantidad de personas afectadas por este error. El incidente de Steele no es aislado. Otros profesionales, incluyendo una abogada de inmigración en Massachusetts, una doctora en Connecticut y un hombre residente en el condado de San Diego, reportaron haber recibido mensajes similares por error. Esto indica un problema sistemático en la precisión y el manejo de los sistemas de notificación del gobierno federal. Steele, que representa a menores no acompañados en casos de inmigración, relacionó el incidente con las políticas migratorias actuales, argumentando que buscan intimidar a las comunidades. A pesar del incidente, ella se mostró decidida a continuar su trabajo, afirmando que no se dejará intimidar. La situación plantea interrogantes cruciales: ¿se trata simplemente de un error sistemático en la gestión de datos del DHS? ¿O refleja una estrategia intencional de intimidación para presionar a los inmigrantes a abandonar el país voluntariamente? La falta de transparencia del DHS sobre la magnitud del problema y la falta de una respuesta oficial a las consultas de los medios de comunicación, agrava las preocupaciones sobre la gestión de la información y el impacto en las comunidades inmigrantes. La falta de claridad y la falta de una explicación detallada sobre cómo ocurrieron estos errores genera una gran incertidumbre y preocupación entre los profesionales y la población en general, destacando la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad por parte del gobierno federal en el manejo de la información migratoria.