El reciente anuncio del gobierno argentino que habilita a militares desplegados en la frontera norte a realizar detenciones de civiles ha generado una fuerte controversia. La medida, enmarcada en el "Operativo Roca" y respaldada por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional, permite a las Fuerzas Armadas detener transitoriamente a civiles sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. Si bien el ministro de Defensa, Luis Petri, defiende la medida argumentando su legalidad y la necesidad de combatir el crimen organizado en zonas fronterizas, la decisión ha recibido fuertes críticas de diversos sectores. **El Marco Legal y las Críticas:** Petri basa la legalidad de la medida en la ley de ministerios, la ley de defensa, y el Decreto 1112/2024, así como en las “Reglas de Empeñamiento” (RDE) que, según él, son de cumplimiento obligatorio y regulan el uso de la fuerza. Sin embargo, ex ministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy expresan reservas. Argumentan que la Ley de Seguridad Interior limita el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones, ya que la función de detener civiles es inherentemente policial. Señalan un conflicto entre las leyes vigentes y la posibilidad de que los militares realicen arrestos. Jaunarena incluso propone una urgente modernización de la legislación para definir claramente los roles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. **El Operativo Roca y su Alcance:** El "Operativo Roca" implica el despliegue de más de 10.000 efectivos del Ejército, con un mínimo de 1.300 permanentemente en las zonas de intervención. Se utilizan drones, radares, helicópteros y aviones para el control y la vigilancia. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha destacado la importancia del operativo para desmantelar redes criminales y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas por el narcotráfico. La cooperación con Bolivia, que permite la información en tiempo real sobre vuelos procedentes de su territorio, también forma parte de la estrategia. **Debate Público y Posiciones Contrapuestas:** El debate se centra en la legitimidad del uso de las Fuerzas Armadas para tareas policiales. Los defensores de la medida argumentan la necesidad de un enfoque más contundente contra el crimen organizado en las fronteras, señalando que países vecinos también utilizan sus fuerzas armadas para el control fronterizo. Por otro lado, los críticos expresan preocupación por las posibles violaciones de derechos humanos y la falta de supervisión adecuada. Temen que la militarización de la seguridad ciudadana pueda generar abusos de poder y erosionar el estado de derecho. La falta de transparencia en las “Reglas de Empeñamiento” también alimenta las dudas y las críticas. **Implicaciones a Largo Plazo:** La decisión del gobierno tiene implicaciones a largo plazo para el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Es crucial un debate público informado que considere las diferentes perspectivas y busque soluciones que garanticen la seguridad nacional sin comprometer los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales. La revisión y actualización de las leyes pertinentes, como proponen algunos expertos, se presenta como una necesidad urgente para evitar la superposición de funciones y prevenir posibles abusos.