La destrucción del monumento al historiador Osvaldo Bayer en Río Gallegos, Santa Cruz, ha generado una ola de indignación y polémica a nivel nacional. Un video viralizado mostró la demolición de la obra del escultor Miguel Jerónimo Villalba por una retroexcavadora, bajo la responsabilidad del Distrito 23 de Vialidad Nacional, liderado por Paulo Croppi. Este acto, lejos de pasar desapercibido, ha desencadenado una serie de consecuencias. El Gobierno nacional, ante la presión pública y las denuncias presentadas por el artista y la familia de Bayer, ha tomado la decisión de cesar a Paulo Croppi y a su asociado, Raúl Borquez. La medida, confirmada por La Opinión Austral, se basa en un documento oficial que solicita la “desafectación y consecuente rescisión del vínculo contractual” de ambos funcionarios. Mientras tanto, la abogada Andrea Lebrand se hará cargo interinamente de la jefatura del Distrito 23. La polémica no se limita al despido. El hecho ha derivado en denuncias judiciales, con el autor de la obra y los familiares del renombrado historiador expresando su profundo malestar. Se han generado fuertes cruces entre las partes involucradas, incluyendo al gobierno nacional y provincial, en torno al futuro del monumento y su posible reubicación en la ciudad. Incluso, el Concejo Deliberante de Río Gallegos declaró “personas no gratas” a Croppi y Borquez. Desde Vialidad Nacional se argumentó inicialmente que la remoción se debió a problemas de visibilidad en la ruta, alegando que el monumento obstruía la vista y representaba un riesgo de accidentes. Sin embargo, esta justificación no ha logrado aplacar la indignación pública, exacerbada por la falta de comunicación previa y la brusquedad con la que se ejecutó la demolición. El gobierno de Santa Cruz, por su parte, ha anunciado su intención de reconstruir y reubicar el monumento en un lugar más adecuado. Este incidente ha vuelto a poner en el centro del debate la importancia de la preservación del patrimonio cultural, la necesidad de una gestión transparente y responsable por parte de las autoridades, y la gravedad de las consecuencias que pueden acarrear decisiones tomadas sin el debido proceso y consulta pública. El caso del monumento a Osvaldo Bayer servirá como un recordatorio de la fragilidad del patrimonio cultural y la necesidad de su protección ante la arbitrariedad y la falta de sensibilidad.