El 25 de abril de 2025, el Gobierno argentino, a través del Decreto 286/2025, oficializó la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Esta decisión, largamente anticipada, genera un debate crucial sobre el futuro del sector energético del país. El proceso comenzará con la venta del 50% de las acciones de Citelec S.A., controladora de Transener, la principal operadora de transmisión eléctrica de alta tensión en Argentina. La venta se realizará mediante un concurso público nacional e internacional, con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia y atraer inversiones privadas. **Los argumentos del Gobierno:** El decreto justifica la privatización argumentando la ineficiencia de la gestión estatal, evidenciada por las significativas transferencias de fondos públicos a Enarsa durante 2023 (más de 1.2 billones de pesos). Se afirma que la intervención estatal no ha logrado una solución eficiente y rentable, y que la incorporación de inversores privados es crucial para la modernización y la mejora de los servicios. Se destaca también la necesidad de cumplir con la Ley 24.065, que impide la integración vertical entre generación y transporte de energía. **El proceso de privatización:** El proceso se desarrollará por etapas, priorizando la continuidad de los servicios y la finalización de las obras en curso. Se excluyen preferencias para accionistas actuales, como Pampa Energía (controlada por Marcelo Mindlin), quien posee el otro 50% de Citelec. La próxima Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) podría generar un contexto favorable para atraer inversores. La privatización abarca diversas unidades de negocio de Enarsa, incluyendo centrales térmicas, gasoductos y represas hidroeléctricas. El objetivo final es reducir la participación de Enarsa a los segmentos de Gas Natural Licuado y comercialización de gas, en línea con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. **Reacciones y debates:** La medida ha generado diversas reacciones. Mientras el Gobierno destaca los beneficios de la inversión privada y la eficiencia, sectores críticos cuestionan la pérdida de control estatal sobre activos estratégicos y la posible afectación de la política energética nacional. Se argumenta que la privatización podría llevar a un aumento de las tarifas y una menor prioridad en la inversión en infraestructura para sectores vulnerables. La disminución del rol del Estado en el sector energético genera preocupación sobre la capacidad de regulación y el potencial impacto en la soberanía energética del país. **Análisis del impacto:** El impacto a largo plazo de esta privatización dependerá de varios factores, incluyendo la transparencia del proceso de licitación, la regulación posterior a la venta, y la capacidad del sector privado para invertir en infraestructura y mejorar la eficiencia. Será fundamental monitorear la evolución de las tarifas, la calidad del servicio y el acceso a la energía para evaluar si la privatización cumple con los objetivos declarados. La experiencia de privatizaciones anteriores en Argentina proporciona un marco para analizar los potenciales riesgos y beneficios de esta decisión. **Conclusión:** La privatización total de Enarsa representa un cambio significativo en la política energética argentina. Si bien el Gobierno argumenta que esto mejorará la eficiencia y atraerá inversiones, es crucial evaluar cuidadosamente los riesgos potenciales y asegurar la transparencia y la regulación adecuada para proteger los intereses de los consumidores y garantizar el acceso a un servicio esencial como la energía.