La tensión crece en Villa La Angostura ante el inminente desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo del lote pastoril 42, ubicado en la zona de Bahía Huemul. Fuentes judiciales confirman que Gendarmería Nacional ha sido notificada para ejecutar la sentencia firme que ordena la restitución del terreno a María Cristina Broers, luego de 13 años de ocupación por parte de la comunidad. La fecha exacta del desalojo se mantiene en reserva por razones de seguridad. Este conflicto, que data de 2012, cuando Broers denunció la usurpación de su propiedad, ha transitado un largo camino judicial. El juez Francisco Astoul Bonorino, del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, rechazó todos los recursos presentados por el apoderado legal de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, quien incluso apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los argumentos presentados por la defensa, incluyendo la invocación de la Ley 26.160 (que suspende los desalojos de comunidades indígenas, pero que ya no se encuentra vigente según el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén), han sido desestimados. El juez ha enfatizado que la sentencia es firme y que el caso es "cosa juzgada". La decisión judicial ha generado preocupación entre las autoridades nacionales, incluyendo el Ministerio de Seguridad, que sigue de cerca la situación. La intervención de Gendarmería Nacional refleja la gravedad del asunto y la necesidad de un operativo controlado para evitar enfrentamientos. La comunidad Quintriqueo, por su parte, ha manifestado su intención de resistir el desalojo, generando un clima de incertidumbre en la región. El caso pone de manifiesto la complejidad de los conflictos territoriales en Argentina, especialmente aquellos que involucran a comunidades indígenas y sus derechos ancestrales sobre la tierra. La falta de una solución consensuada, a pesar de los años de litigios, ha llevado a una situación límite, donde la intervención de las fuerzas de seguridad se presenta como la única alternativa para ejecutar la sentencia judicial. La comunidad ha expresado preocupación ante la falta de diálogo y la falta de consideración de sus argumentos, reiterando su derecho ancestral a la tierra. La falta de resolución pacífica y justa aumenta la preocupación sobre la escalada de la tensión y la posibilidad de un desalojo violento. La resolución definitiva, sea cual sea, tendrá un impacto significativo en la comunidad Quintriqueo y en la región. El conflicto sirve como un recordatorio de la necesidad de una mayor atención a los derechos de los pueblos originarios y a la búsqueda de soluciones justas y equitativas en los conflictos territoriales.