El 23 de abril de 2025 marca un aniversario agridulce para la educación superior argentina. A un año de la masiva Marcha Federal Universitaria que movilizó a docentes, estudiantes y familias de todo el país contra los recortes presupuestarios, los docentes universitarios vuelven a las calles. Esta vez, el paro de 48 horas convocado por los gremios Conadu y Conadu Histórica, entre otros, se centra en la crítica situación salarial y el desfinanciamiento del sistema universitario público. Los reclamos se basan en un alarmante desfasaje entre la inflación acumulada y los aumentos salariales decretados por el gobierno nacional, un desfasaje que se calcula superior al 80%. Este escenario ha llevado a que gran parte de los docentes universitarios perciban salarios por debajo de la línea de pobreza, una situación calificada como “insostenible” por los gremios y rectores de las universidades nacionales. El paro, que coincide con el aniversario de la marcha, no es una acción aislada. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las 61 universidades nacionales, se reclama con urgencia un plan de recomposición salarial que restituya la dignidad a los trabajadores de la educación superior. Se denuncia la decisión unilateral del gobierno de definir las actualizaciones salariales, sin una negociación paritaria efectiva, un hecho que se considera grave y sin precedentes desde la vuelta a la democracia. La respuesta planteada por los principales actores del sistema universitario —rectores, gremios y estudiantes representados por la Federación Universitaria Argentina (FUA)— pasa por la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Tras el veto presidencial al proyecto de 2024, se trabaja en un nuevo proyecto que pretende asegurar un financiamiento previsible, vinculando, por ejemplo, el presupuesto universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria. Esta propuesta busca dar mayor estabilidad al sistema y evitar la recurrencia de los recortes presupuestarios que han puesto en riesgo el funcionamiento de las universidades. La situación no solo impacta en los salarios de los docentes. El desfinanciamiento afecta también al sistema científico, paraliza las obras de infraestructura y reduce el número de becas. Incluso, el monto de las becas Progresar, principal programa de apoyo a estudiantes de bajos recursos, se considera insuficiente y su cantidad de beneficiarios ha disminuido considerablemente. Si bien en algunas universidades las clases públicas anunciadas para visibilizar el conflicto no se llevaron a cabo, el paro del miércoles 23 de abril se prevé con un alto acatamiento, demostrando la unidad del sector en torno a estas demandas. La falta de una respuesta favorable del gobierno podría escalar el conflicto, con nuevas medidas de fuerza previstas para mayo. El futuro de la educación superior pública argentina parece depender de la respuesta política a estos reclamos urgentes, un año después de una marcha histórica que puso en el centro del debate la importancia de la universidad pública para el desarrollo del país.