El martes 22 de abril, una violenta represión sacudió la tranquilidad de la zona de Cueva del Inca, en Tilcara, Jujuy. La policía provincial, bajo las órdenes del gobernador radical Gerardo Morales, desalojó por la fuerza a miembros de la comunidad originaria, resultando en la detención de al menos dos personas, Walter Condorí y Sebastián Copello (este último, diputado electo por el Frente de Izquierda Unidad), y agresiones físicas a varias mujeres, incluyendo a la legisladora provincial Natalia Morales del PTS-FITU. Los testimonios recogidos hablan de un operativo brutal, con el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria de quienes se encontraban en el lugar. Se denunció que mujeres fueron encerradas y se les impidió salir del área, mientras que otros miembros de la comunidad sufrieron heridas leves y contusiones. Este violento desalojo se enmarca en un conflicto de larga data por la tenencia de tierras en la zona. La comunidad originaria denuncia que el desalojo fue orquestado para favorecer los intereses de un empresario hotelero, con la complicidad del gobierno provincial. La justicia jujeña, según las denuncias, ha favorecido sistemáticamente al empresario, ignorando los derechos ancestrales de la comunidad sobre sus tierras. La actuación policial, lejos de ser un acto de orden público, se percibe como un instrumento de represión al servicio de intereses privados. El hecho ha generado una ola de indignación y protestas. Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, y diversos movimientos sociales han condenado enérgicamente la represión y exigen la liberación inmediata de los detenidos, así como una investigación exhaustiva sobre las agresiones sufridas por las mujeres. La legisladora Morales, golpeada durante el operativo, ha denunciado públicamente el accionar policial y ha señalado la responsabilidad del gobernador Morales en estos hechos. Se han convocado manifestaciones en diferentes puntos de la provincia y del país para exigir justicia y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Este suceso no es un hecho aislado. Refleja una problemática sistémica que afecta a las comunidades originarias en Jujuy, quienes constantemente enfrentan la presión de intereses económicos y la falta de protección por parte del Estado. La criminalización de la protesta social y la utilización de la fuerza pública para silenciar las demandas legítimas de la población es una constante en la provincia. El gobierno de Gerardo Morales se encuentra bajo una creciente presión por su política represiva y la falta de respeto a los derechos humanos. La situación en Cueva del Inca sigue tensa, con la comunidad alerta y movilizada para defender sus territorios ancestrales. La lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios continúan como un eje central del conflicto en Jujuy, exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad civil para prevenir futuros actos de represión y garantizar el respeto a la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.