El caso de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño deportado erróneamente a El Salvador a pesar de una orden judicial que lo protegía, ha generado una controversia internacional. Cuatro legisladores demócratas estadounidenses intentaron visitar a Abrego García en El Salvador, pero su solicitud fue rechazada por el gobierno salvadoreño. El incidente comenzó con la deportación de Abrego García en marzo de 2025 a la mega-prisión CECOT en El Salvador. Esta deportación se realizó a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su devolución a El Salvador debido a temores de persecución. La administración Trump alegó que Abrego García era miembro de la pandilla MS-13, una afirmación negada por su esposa y su abogado. El Senador Chris Van Hollen de Maryland, junto con la Representante Maxwell Frost de Florida y otros dos legisladores, solicitaron visitar a Abrego García. La solicitud fue rechazada con el argumento de que no estaban en El Salvador en una “capacidad oficial”. Frost declaró que “no se rendirán” y que tienen más reuniones programadas. El Departamento de Estado de EE. UU. emitió un informe afirmando que Abrego García se encuentra en “buenas condiciones y en excelente estado de salud”. Sin embargo, la negativa del gobierno salvadoreño a permitir la visita de los legisladores estadounidenses ha generado preocupación sobre la transparencia y el acceso a la justicia en el caso. Van Hollen, tras una breve reunión con Abrego García, afirmó que este le contó que había sido trasladado de CECOT aproximadamente ocho días antes de su intento de visita. El gobierno salvadoreño, aunque reconoce el error en la deportación de Abrego García, argumenta que su supuesta afiliación a MS-13 lo hace inelegible para regresar a los Estados Unidos. Este argumento ha sido ampliamente cuestionado, generando una creciente tensión entre Estados Unidos y El Salvador sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes. La negativa a la visita de los legisladores se percibe por muchos como una obstrucción a la transparencia y un intento de evitar el escrutinio internacional sobre el trato dado a Abrego García. La situación subraya la importancia del debido proceso y la protección de los derechos de los migrantes, incluso aquellos acusados de pertenecer a pandillas. El caso de Abrego García se convierte en un símbolo de las complejidades del sistema de inmigración y las preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las deportaciones. El desarrollo de este caso será crucial para comprender la respuesta de El Salvador a las presiones internacionales para garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos humanos en su sistema penitenciario.