La administración pública argentina se encuentra en medio de una disputa salarial tras el anuncio de un aumento del 3,9% para los empleados estatales, distribuido en tres incrementos mensuales consecutivos del 1,3% para marzo, abril y mayo, más un bono de $45.000 a pagar en mayo. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó rotundamente, generando un conflicto que pone en relieve las tensiones entre el gobierno y los sindicatos.

La disconformidad de ATE se centra en que el aumento se considera insuficiente frente a la inflación, argumentando que no cubre ni siquiera los costos básicos de vida como combustible y electricidad. Rodolfo Aguiar, líder de ATE, calificó la oferta como una “vergüenza”, anunciando un plan de lucha para la semana próxima tras una reunión de su secretariado ampliado. Sus críticas se extendieron a UPCN, acusándolos de colaborar con el gobierno en detrimento de los trabajadores estatales.

Por otro lado, Andrés Rodríguez, titular de UPCN, defendió la firma del acuerdo, destacando que el aumento acumulado entre junio de 2024 y mayo de 2025 alcanzaría el 20,81%. Si bien reconoció la difícil situación económica de los empleados públicos y condenó los despidos en el sector, su postura conciliadora contrasta con la férrea oposición de ATE. Rodríguez, además, fue uno de los impulsores del paro general de la CGT, evidenciando una postura crítica hacia las políticas económicas del gobierno a pesar de la firma del acuerdo salarial.

Este conflicto no es un hecho aislado. ATE ya había rechazado aumentos anteriores, mientras que UPCN, habitualmente más cercana al gobierno, mantiene una postura moderada. La disparidad de opiniones dentro del sector público refleja las profundas divisiones existentes en torno a las políticas económicas implementadas y la capacidad de respuesta del gobierno para afrontar la inflación y sus efectos en el poder adquisitivo de los trabajadores. El desacuerdo también resalta la importancia del rol de los sindicatos en la negociación colectiva y la complejidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las capacidades fiscales del Estado.

La situación se vuelve aún más compleja considerando que los aumentos otorgados en enero y febrero (1,5% y 1,2% respectivamente) también quedaron por debajo de la inflación de esos meses (2,2% y 2,4%), según ATE. El gobierno, por su parte, argumenta que este incremento intenta paliar la situación económica del sector, aunque las discrepancias evidencian un profundo malestar en una parte significativa de los empleados estatales.

El conflicto promete intensificarse en los próximos días, con ATE anunciando acciones de protesta y UPCN defendiendo su postura, dejando entrever un panorama de creciente tensión social en el sector público argentino.