El jueves 10 de abril de 2025, Argentina vivió un nuevo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la tercera huelga nacional desde que Javier Milei asumió la presidencia. Si bien la medida de fuerza contó con la adhesión de ambas CTA, su impacto se vio atenuado por la notable ausencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que mantuvo el servicio de colectivos en funcionamiento. Esto generó una postal peculiar: paradas de colectivos repletas de pasajeros, mientras otros servicios esenciales como trenes y subtes permanecieron paralizados. Las primeras horas del paro mostraron la tensión entre la intención de la CGT de generar una fuerte demostración de fuerza y la realidad del descontento ciudadano. Numerosos testimonios recogidos por diferentes medios de comunicación reflejaron la frustración de trabajadores que debieron enfrentar largas esperas y dificultades para llegar a sus trabajos. Las críticas hacia los líderes gremiales fueron constantes, con acusaciones de enriquecerse a costa del esfuerzo de los trabajadores y de priorizar sus intereses personales por sobre las necesidades de la población. Algunos testimonios, captados por medios como Infobae y La Nación, destacaron la ironía de colectivos abarrotados en medio de un paro supuestamente masivo. El gobierno, por su parte, respondió con contundencia, utilizando las redes sociales y los altoparlantes de las estaciones de tren para tildar el paro de "ataque a la República" y apuntar directamente contra la "casta sindical". Se implementó la línea 134, inicialmente creada para denunciar extorsiones de grupos piqueteros, para recibir denuncias de trabajadores obligados a participar del paro. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó un importante operativo para garantizar el orden público durante las movilizaciones, que se realizaron de manera pacífica. Diversas declaraciones oficiales condenaron la medida de fuerza, recalcando el costo económico que implicaría, estimado en más de 200.000 millones de pesos, según el Instituto de Economía de la UADE. La situación económica del país, marcada por la inflación y la escasez de reservas, generó un contexto especialmente sensible para la realización del paro. Los reclamos de la CGT se centraron en la mejora de las condiciones laborales, las paritarias libres, la homologación de los acuerdos salariales y el aumento de las jubilaciones. Sin embargo, la falta de adhesión de la UTA, atribuida a presiones del gobierno y a disputas internas dentro de la central sindical, debilitó el impacto de la medida. El debate interno en la CGT quedó en evidencia, con diferentes facciones mostrando enfoques y estrategias divergentes, lo que afectó la cohesión y la efectividad del paro. En definitiva, el paro general del 10 de abril de 2025, si bien logró paralizar algunos servicios clave, no tuvo el impacto esperado por la CGT. La respuesta del gobierno, la falta de adhesión total de los gremios y el malestar ciudadano expresado en las calles, marcaron un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno de Javier Milei y las centrales obreras. El debate sobre el rol de los sindicatos en la Argentina y la efectividad de las medidas de fuerza como herramienta de presión, continúa abierto.