El juez federal Daniel Rafecas procesó y embargó a la diputada nacional Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Partido Obrero (FITU-PO), por violar la Ley Antidiscriminatoria N.º 23.592. La decisión judicial se basa en una serie de ocho publicaciones realizadas por Biasi en la red social X (antes Twitter), donde la legisladora realizó comparaciones entre el Estado de Israel y el régimen nazi, calificándolo como “genocida” y equiparando el conflicto en Medio Oriente con el Holocausto.

El magistrado argumentó en su resolución que las publicaciones de Biasi “superaban con creces los límites de la libertad de expresión”, recordando los antecedentes de atentados antisemitas en Argentina. Además del procesamiento, Rafecas impuso un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de la diputada. De confirmarse la medida en instancias superiores, Biasi podría ser llevada a juicio oral y público.

Entre las publicaciones analizadas por el juez, se encuentran mensajes como: “Nunca son exabruptos, no importa la crueldad de lo que leas. Son descripciones del colonialismo, el racismo, el exterminio y desplazamiento que promueve el Estado fascista de Israel”; y “El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología”. Estas y otras publicaciones, según Rafecas, “alentarían o incitarían a la persecución o el odio contra la comunidad judía, lesionando los principios de igualdad y trato no discriminatorio”.

La resolución destaca que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y puede ser limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales, especialmente cuando se promueve el odio o la discriminación. Rafecas enfatiza que las publicaciones de Biasi no constituyen una mera crítica al gobierno israelí, sino que presentan un marcado contenido antisemita, caracterizando directamente al Estado de Israel y al sionismo como genocidas y nazis.

El juez también consideró la condición de funcionaria pública de Biasi, argumentando que su rol conlleva una mayor responsabilidad en sus expresiones públicas y que sus mensajes alcanzan a una gran cantidad de personas. El Frente de Izquierda ha respondido a la decisión judicial con una audiencia pública en defensa de la libertad de expresión.

La decisión de Rafecas genera un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto del discurso político y la lucha contra la discriminación. La controversia se centra en la línea divisoria entre la crítica legítima a las políticas de un Estado y la incitación al odio contra un grupo religioso o étnico. El caso seguramente tendrá repercusiones a nivel legal y político en los próximos meses.