El pasado 8 de abril, un video publicado en redes sociales conmocionó a Argentina. El material muestra a un grupo de vecinos en Bernal, provincia de Buenos Aires, bloqueando el Acceso Sudeste y exigiendo dinero a los conductores para permitirles el paso. La frase "Si no pagás, no pasás", se convirtió en el grito de guerra de esta improvisada barrera, generando caos y tensión en la zona. Los manifestantes justificaron sus acciones alegando realizar una colecta para la familia de un niño asesinado en el barrio. El video, grabado por un camionero llamado César Germán Buisi, muestra la interacción tensa entre los manifestantes y los conductores. Algunos vecinos, incluso, portaban palos y habían colocado neumáticos en llamas para obstaculizar el paso. Buisi, al negarse a pagar, fue amenazado y desafiado por los manifestantes, quienes le reiteraron que la colecta era por el homicidio del menor. Las imágenes generaron una inmediata controversia en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes entendían la frustración de los vecinos ante la falta de respuesta policial y quienes condenaban la extorsión. Si bien los manifestantes mencionaron el asesinato de un niño como justificación para sus acciones, la información oficial sobre este hecho fue escasa. Infobae intentó sin éxito obtener declaraciones de las autoridades policiales y judiciales para confirmar la versión de los hechos. Esta falta de transparencia genera incertidumbre y alimenta las sospechas sobre la legitimidad de la protesta. Más allá del argumento del homicidio, el video revela una problemática profundamente arraigada: la falta de confianza en las instituciones y la sensación de impunidad. Para muchos vecinos, la protesta, aunque ilegal, fue una forma de expresar su hartazgo ante la inseguridad y la ineficacia policial en su zona. La falta de respuesta inmediata de las autoridades ante los hechos podría interpretarse como un vacío de poder que fue aprovechado por los manifestantes. La acción de los vecinos, si bien impulsada por un hecho lamentable, constituye un delito. El bloqueo de vías públicas y la extorsión a los conductores son acciones tipificadas en el Código Penal y pueden acarrear penas de prisión. El caso, por lo tanto, plantea un dilema moral y legal: ¿cómo se equilibra el derecho a la protesta con el respeto a la ley? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades ante la frustración ciudadana que se manifiesta de esta manera? El incidente en Bernal pone de relieve la necesidad de una respuesta integral por parte del Estado. Se requiere una mayor presencia policial en zonas conflictivas, una investigación exhaustiva sobre el asesinato del niño y, fundamentalmente, la implementación de políticas públicas que aborden las causas profundas de la inseguridad y la desigualdad social que generan este tipo de reacciones desesperadas en los barrios. En conclusión, el caso del "peaje clandestino" en Bernal es un reflejo de la compleja realidad social argentina. Si bien el homicidio del niño es un hecho lamentable, la respuesta de los vecinos, a través de la extorsión, no es la solución. La búsqueda de justicia debe realizarse a través de los canales legales y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y brindar respuestas efectivas a los problemas de la comunidad.