A una semana de las cruciales elecciones provinciales en Santa Fe, la diputada Amalia Granata ha generado una fuerte polémica al confirmar la contratación de su esposo, Leonardo Squarzon, como asesor legislativo. Esta decisión, tomada en medio de un clima político tenso y con la campaña electoral en su punto álgido, ha desatado una ola de críticas y debates sobre el nepotismo en la función pública. Granata justificó su elección argumentando la necesidad de contar con alguien de total confianza, especialmente tras experimentar deserciones en su bloque político. En una comparación que generó aún más controversia, la diputada señaló: "Es como mi Karino", refiriéndose a la relación entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina, quien ocupa un cargo de relevancia en la presidencia. Esta analogía, lejos de apaciguar las críticas, exacerbó el debate sobre la ética en la política. Sin embargo, la controversia no se limita a la contratación de su esposo. Granata aprovechó la ocasión para arremeter contra el gobernador Maximiliano Pullaro, acusándolo de tener "1300 asesores ñoquis", incluyendo, según sus declaraciones, a la madre de los hijos del gobernador. Esta acusación, lanzada con la intención de desviar la atención sobre su propia decisión, ha generado una batalla campal de acusaciones cruzadas en el escenario político santafesino. Para mitigar las críticas de nepotismo, Granata anunció que el sueldo de su esposo será donado a un comedor comunitario. Si bien esta acción busca mostrar un compromiso social, la controversia persiste. El debate central radica en la ética de emplear a familiares en cargos públicos, incluso si el salario se destina a una causa benéfica. ¿Es suficiente la donación para justificar una contratación que muchos perciben como un claro caso de nepotismo? La situación se agrava por el contexto pre-electoral. Granata se presenta como una crítica abierta de la gestión de Pullaro, y esta decisión se suma a las tensiones políticas preexistentes en Santa Fe. Las próximas elecciones para convencionales constituyentes, que tendrán lugar el próximo domingo, se convertirán en un escenario clave para observar el impacto de esta controversia en el electorado. El caso de Amalia Granata y su esposo pone en relieve la complejidad del debate ético en la política. Mientras algunos defienden la necesidad de contar con personas de confianza, otros critican la falta de transparencia y la posible utilización de recursos públicos para fines personales. La discusión, inevitablemente, involucra la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de establecer límites claros para evitar situaciones de nepotismo y falta de transparencia. Este caso sin duda marcará un precedente en el debate público santafesino y, posiblemente, nacional.