El nombramiento y posterior renuncia de Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tan solo 39 días, ha generado un terremoto político y jurídico en Argentina. Su breve paso por el máximo tribunal estuvo marcado por la controversia, el rechazo de su pliego en el Senado, una medida cautelar que le impedía ejercer sus funciones, y finalmente, su renuncia indeclinable. Este artículo profundiza en los hechos, sus implicaciones y el debate que ha suscitado. **El Nombramiento y el Contexto:** García Mansilla fue designado por el presidente Javier Milei mediante el decreto 137/25, en medio de una crisis institucional en la Corte, con dos vacantes que permanecían sin cubrir desde hacía meses. Su nombramiento, en comisión, fue considerado por muchos como una medida excepcional y controvertida, destinada a solucionar la falta de integrantes en el tribunal. El decreto también incluía la designación del juez federal Ariel Lijo, quien se negó a asumir bajo las condiciones impuestas. Esta acción del Poder Ejecutivo generó desde el principio un debate sobre la constitucionalidad de la designación por decreto y la capacidad del Poder Ejecutivo de nombrar jueces sin el acuerdo del Senado. **El Rechazo en el Senado y la Medida Cautelar:** El Senado rechazó el pliego de García Mansilla por una amplia mayoría. Esta decisión, sumada a una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, que le prohibía firmar resoluciones hasta que se resolviera la legalidad de su designación, incrementó la presión sobre el nuevo juez. La medida cautelar, solicitada por abogados que alegaron vulneración de la independencia judicial, se basó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución, que establece que un juez designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el acuerdo del Senado. **La Defensa del Gobierno y la Carta de Renuncia:** El gobierno defendió la legalidad del nombramiento, argumentando que se trataba de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Presentaron un recurso de “per saltum” ante la Corte para anular la medida cautelar, pero este recurso no fue considerado por los otros tres jueces. García Mansilla, en su carta de renuncia, explica sus razones, destacando la falta de integración de la Corte, la urgencia de la situación y la imposibilidad de continuar en un contexto de conflicto. Si bien argumentó que legalmente podría haber permanecido en el cargo, priorizó la necesidad de acelerar el proceso de designación de nuevos jueces con el acuerdo del Senado. Esta decisión evidenció una postura a favor del diálogo y la búsqueda de consenso, minimizando el enfrentamiento con el poder legislativo. También agradeció a sus colegas en la Corte Suprema y al presidente Milei por la oportunidad brindada, reconociendo la discrepancia en el tiempo y las circunstancias de su gestión. **Implicaciones Políticas y Jurídicas:** La renuncia de García Mansilla deja nuevamente a la Corte Suprema con solo tres jueces, generando incertidumbre sobre su capacidad para resolver los casos con la rapidez y eficiencia deseadas. El caso ha abierto un debate crucial sobre los límites del poder ejecutivo en la designación de jueces, la importancia del acuerdo del senado y el impacto de los nombramientos en comisión. Se espera que el caso sentará un precedente importante para futuras designaciones y para la interpretación del artículo 99 de la Constitución Nacional. El debate sobre la independencia judicial y las implicancias de las decisiones políticas sobre el Poder Judicial se intensificará en los meses venideros. **Conclusiones:** La breve pero intensa gestión de García Mansilla en la Corte Suprema ha dejado un legado de controversia y preguntas sin respuesta. Su renuncia, en un contexto de fuerte presión política y judicial, plantea serias interrogantes sobre la funcionalidad del sistema de nombramientos de jueces en Argentina y la necesidad de un consenso político para resolver las crisis institucionales. El caso podría abrir las puertas a un profundo debate sobre reformas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial y la efectividad de sus decisiones.