El cruce fronterizo de Salto Grande fue escenario de un escandaloso operativo anticontrabando. Diego Saboredo, un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones y exchofer del exsenador Edgardo Kueider, fue detenido por agentes de la Aduana uruguaya mientras intentaba ingresar a Argentina con una significativa cantidad de licores. Según fuentes confiables, Saboredo transportaba 288 botellas de Jägermeister, un licor alemán de hierbas y especias, en 48 cajas dentro de su vehículo. El valor estimado de la mercadería incautada supera ampliamente los 10 millones de pesos argentinos, considerando el precio minorista del licor. Si bien el funcionario quedó en libertad luego del procedimiento, se abrió una causa por intento de contrabando en su contra, y su vehículo fue secuestrado. La vinculación de Saboredo con Edgardo Kueider, exsenador detenido en Paraguay por un caso de posesión de dinero no declarado, añade un nuevo capítulo a la polémica que rodea al exlegislador. Saboredo, quien gozaba de un cargo en Migraciones gracias a una resolución del mes de octubre de 2023, se desempeñaba como “Asistente Administrativo” en la Delegación Entre Ríos. Esta designación, sumada a su pasado laboral como chofer de Kueider, y a su participación en presuntos negocios turbios en Concordia relacionados con terrenos y medicamentos del PAMI, alimentan las sospechas de posibles nexos con redes de contrabando. La detención de Saboredo genera un profundo malestar en la sociedad, ya que implica la presunta participación de un funcionario público en un delito que atenta contra la legalidad en las fronteras. La Dirección Nacional de Migraciones ya inició un sumario administrativo para investigar las responsabilidades del funcionario en este incidente. Las autoridades investigan la habitualidad de estos viajes, el origen de la mercancía, y la posible existencia de una red de contrabando con mayor alcance. La investigación podría extenderse a otros funcionarios y a las redes de distribución de este tipo de productos. Este caso refuerza la necesidad de extremar los controles en las fronteras y de impulsar una profunda reforma en los procesos de designación de funcionarios públicos, con especial énfasis en la transparencia y el cumplimiento ético.