En las últimas semanas de la administración Biden, el Departamento de Justicia (DOJ) tomó la decisión de no procesar al Fiscal General de Texas, Ken Paxton, poniendo fin a una investigación de corrupción que había ensombrecido su carrera política durante años. Esta decisión, que no se había hecho pública hasta ahora, resuelve una investigación federal de alto riesgo que surgió de acusaciones internas contra Paxton, quien es un estrecho aliado del expresidente Donald Trump. La investigación se centró en las alegaciones de que Paxton había abusado de su cargo para beneficiar a un donante político, Nate Paul. Inicialmente, los investigadores federales en Texas consideraron que había suficiente evidencia para una acusación, pero la Sección de Integridad Pública del DOJ en Washington asumió el caso en 2023, apartándolo de las manos de los fiscales texanos. La decisión final de no presentar cargos fue recomendada por un alto funcionario de carrera del DOJ, quien expresó preocupaciones sobre la capacidad de los fiscales para asegurar una condena. Es importante destacar que los funcionarios políticos designados no intervinieron en la decisión para evitar cualquier apariencia de interferencia política. La decisión ha generado diversas reacciones. El abogado de Paxton, Dan Cogdell, declaró que nunca creyó que el DOJ tuviera un caso sólido. Paxton mismo calificó la investigación de "caza de brujas", una descripción que evoca las declaraciones de Trump sobre sus propios problemas legales. Mientras tanto, los abogados de los denunciantes que inicialmente reportaron las irregularidades a la FBI expresaron su decepción, argumentando que el DOJ cedió a la "cobardía política". Estos denunciantes, identificados como conservadores, afirmaron que Paxton cometió actos criminales. El caso de Paxton es complejo y ha tenido múltiples ramificaciones legales. Además de la investigación federal, Paxton enfrentó cargos por fraude de valores y una investigación por parte del colegio de abogados de Texas por sus esfuerzos para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Si bien fue absuelto de los cargos de corrupción en el Senado de Texas y llegó a un acuerdo para resolver los cargos de fraude de valores, la investigación federal era la más seria que enfrentaba. La decisión del DOJ de no procesarlo ha impactado significativamente sus perspectivas políticas, ya que Paxton está considerando postularse al Senado de Estados Unidos el próximo año. La decisión del DOJ también plantea interrogantes sobre el proceso de investigación y las consideraciones políticas que pueden influir en las decisiones de enjuiciamiento. La falta de transparencia en la decisión del DOJ y la reubicación de la investigación a Washington han alimentado las especulaciones sobre posibles presiones políticas. Sin embargo, es crucial recordar que la decisión final fue recomendada por un funcionario de carrera, sugiriendo que las preocupaciones sobre la posibilidad de una condena exitosa jugaron un papel importante.